Ciudad de México/Europa Press
Al menos 89 personas han fallecido por la explosión registrada el viernes en una toma clandestina de un oleoducto de la petrolera estatal mexicana Pemex en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, según un nuevo balance de víctimas dado a conocer hoy por el ministro de Salud, Jorge Alcocer.
Además, 51 personas siguen hospitalizadas por el siniestro, ocurrido a raíz de una fuga en la tubería. El despliegue de las fuerzas de seguridad no impidió que cientos de personas de municipios cercanos acudiesen a la zona para recoger el combustible.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido atender a las familias «de manera directa». «Esto va más allá de lo material, tiene que ver con lo humano, y no hay límites», ha destacado el mandatario este lunes en rueda de prensa.
El Gobierno analizará la situación de más de 80 poblaciones aledañas a los oleoductos con el objetivo de establecer un Plan de Bienestar con el que aspira a dar una «vida digna» a un millón de familias. Al mismo tiempo, también aspira a combatir el robo de combustible.
«Necesitamos el apoyo de los pobladores para ir aislando a los que han hecho de esta actividad ilegal, riesgosa, inhumana, un lucro», ha declarado López Obrador, en alusión a una práctica que le costaría a las arcas públicas mexicanas unos 65 mil millones de pesos (casi 3 mil millones de euros) al año.
