Bruselas/Europa Press
Los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintiocho lanzarán el próximo lunes una velada amenaza al Gobierno de Daniel Ortega, para advertirle de que considerarán la posibilidad de imponer sanciones por la crisis en Nicaragua si la situación no mejora.
«Si la cosa sigue deteriorándose, consideraremos activamente usar todos los instrumentos que tenemos a mano. Esto podría incluir en el futuro algún tipo de medidas restrictivas», ha avanzado un alto cargo europeo.
Se trata de un mensaje que figura en «un párrafo» de las conclusiones que aprobarán los jefes de la diplomacia europea sobre Nicaragua el próximo lunes. «Pero no estamos ahí todavía», ha subrayado la fuente.
En todo caso los Veintiocho tendrían que discutir primero «qué tipo de medidas» se podrían adoptar –fuentes diplomáticas han recordado que en el caso de Venezuela se comenzó con un embargo de armas y de equipos para la represión y una base jurídica para poder sancionar después a los responsables de la misma– y después analizar «la oportunidad política».
La crisis en Nicaragua estalló en abril cuando miles de personas tomaron las calles de Managua y otras ciudades por una polémica reforma de la seguridad social promovida por el Gobierno. Las manifestaciones crecieron rápidamente en número y en demandas hasta reclamar la «democratización» de Nicaragua.
Ortega intentó apaciguar los ánimos revocando la medida y lanzando un diálogo nacional que no dio resultados, precisamente, por la negativa del líder sandinista a convocar elecciones anticipadas. Las próximas presidenciales están previstas para 2020.
El Congreso del país ha retirado el reconocimiento jurídico a varias ONG acusadas por el Gobierno de recibir dinero para financiar un supuesto golpe de Estado para desbancar del poder a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
La UE ha lamentado hasta la fecha «la falta de implicación de las autoridades» de Nicaragua en un diálogo nacional que permita encontrar una salida «política» a la crisis en el país y que el bloque estaría dispuesto a apoyar, así como su falta de «cooperación oficial» para investigar la represión «desproporcionada» contra los manifestantes.
