RÍO DE JANEIRO
XINHUA
La Procuradora General de Brasil, Raquel Dodge, denunció ante la Corte Suprema al presidente del país, Michel Temer, por corrupción pasiva y lavado de dinero por haber modificado supuestamente un decreto del sector portuario que beneficiaba a una empresa a cambio de recibir dinero, informaron fuentes oficiales.
Temer fue denunciado junto a otras cinco personas por formar parte de «un esquema antiguo que envolvía el pago de ventajas indebidas» al propio mandatario mediante la empresa Rodrimar, administradora del Puerto de Santos, el mayor de Brasil y Sudamérica, informó la estatal Agencia Brasil.
Además de Temer fueron denunciados los empresarios Antônio Celso Grecco y Ricardo Conrado Mesquita, socios de Rodrimar; Carlos Alberto Costa, João Batista Filho y el exdiputado fedederal y exasesor de Temer Rodrigo Rocha Loures.
La denuncia se refiere a un decreto firmado en mayo del año pasado que favorecía a la empresa Rodrimar.
En septiembre del año pasado, la Corte Suprema autorizó una investigación para averiguar una denuncia contra Temer por haber recibido cerca de 32.6 millones de reales (unos 8.5 millones de dólares) de varias empresas vinculadas con Rodrimar.
En octubre pasado, la Policía Federal informó a la Corte Suprema que encontró indicios de que Temer y otras diez personas integraban el supuesto esquema corrupto para favorecer empresas específicas en la edición de un decreto sobre el sector portuario.
Tras conocer la denuncia, Temer emitió un comunicado en el que aseguró que «probará, en los autos judiciales, que no hubo ninguna irregularidad en el decreto de los puertos, ni en beneficio ilícito a ninguna empresa».
Se trata de la tercera denuncia contra Temer desde que es presidente de Brasil. Las otras dos las presentó la Fiscalía el año pasado, también por corrupción, pero fueron rechazadas por la Cámara de Diputados, que debía autorizar si habría o no un proceso contra el mandatario.
La denuncia de hoy fue presentada a doce días del fin del mandato de Temer, por lo tanto, no hay tiempo suficiente para que el Congreso decida si la denuncia puede ser o no analizada, como indica la Constitución brasileña.
Debido a ello, Dodge pidió que a partir del 1 de enero, la denuncia sea enviada a la Justicia Federal de Brasilia, que deberá decidir si la acepte o no.
