Por CLAUDIA TORRENS y BERNARD CONDON
NUEVA YORK
Agencia (AP)
Una guatemalteca que vive ilegalmente en Estados Unidos y que aseguró que fue víctima de maltrato mientras trabajaba en un campo de golf de Donald Trump en Nueva Jersey, no se arrepiente de denunciar su situación a pesar de que podría perder su empleo y ser deportada.
En una entrevista ayer con The Associated Press, Victorina Morales dijo que no puede volver a Guatemala debido a que su familia recibió amenazas de muerte, pero que tenía que alzar la voz por los otros trabajadores del club que no cuentan con documentos legales y que han sido humillados por un supervisor que los llamaba “burros” y perros”.
Morales, quien dijo que no se le ha informado definitivamente que fue despedida, dijo que al menos otra docena de empleados del Trump National Golf Club de Bedminster no cuentan con documentación legal.
Morales y otra empleada de limpieza del club, Sandra Díaz, señalaron que utilizaron un carné de Seguro Social y tarjeta de residente permanente falsos para conseguir el empleo, sus supervisores sabían de su estatus y muchos trabajadores del lugar tampoco contaban con la documentación legal. Ambas señalaron que trabajaron en la casa de Trump dentro el club lavando la ropa y tendiendo la cama, y que a ambas les molestaron las declaraciones de Trump, quien se refirió a los inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos como violentos.
Señalan que los comentarios del presidente pudieron alentar lo que describen como un maltrato verbal generalizado dentro del club.
“El Presidente dice que en sus lugares de trabajo él no va a contratar a ningún indocumentado, que son políticas estrictas de trabajo y no es así. Es mentira”, dijo Díaz, una costarricense de 46 años que trabajó en el club entre 2010 y 2013.
El The New York Times reportó el jueves por primera vez los relatos de ambas mujeres fueron reportados. Desde entonces el diario reportó que otros dos inmigrantes que trabajaban en el club declararon el viernes que vivían ilegalmente en Estados Unidos al momento de su contratación.
En un comunicado enviado por email, la Organización Trump dijo que cuenta con estrictas prácticas de contratación y que cualquier empleado con documentación falsa será despedido. Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentario.
Morales dijo que el supervisor del club les ayudó a obtener la documentación falsa. Dijo que otro supervisor la empujó en tres ocasiones contra un muro, le pidió que dejara de hablar español y amenazó con deportarla si se quejaba.
Díaz dijo que una vez vio a un gerente jalar del cabello a una empleada que no contaba con documentos legales.
Ambas mujeres están considerando presentar una demanda en contra de la Organización Trump por maltrato laboral y discriminación. Morales también dijo que está solicitando asilo.
Trump ha solicitado medidas enérgicas contra los inmigrantes que están ilegalmente en el país. Además de querer construir un muro en la frontera con México, ha hecho un llamado a las compañías para que hagan una selección más cuidadosa de sus trabajadores.
También destinó fondos a la expansión de E-Verify, una base de datos federal que permite a los empleadores comprobar de manera electrónica si sus trabajadores cuentan con permiso para trabajar en Estados Unidos.
El Trump National Golf Club en Bedminster no es una de las empresas registradas para el uso de E-Verify. Algunas otras propiedades de Trump, como Mar-a-Lago en Florida, sí están registradas.
Morales dijo que durante la campaña presidencial de Trump, se les redujeron las horas de trabajo a los empleados que se creía estaban ilegalmente en el país. Se le dijo que ella ya no podía limpiar la casa de Trump.
Una vez que Trump resultó electo, Morales dijo que su supervisor le dijo que ella necesitaba nuevas credenciales de Seguro Social y de residencia legal, y que él la ayudo a conseguirlas con un empleado de mantenimiento.
Morales dijo que presenció el asesinato de su padre cuando ella tenía 7 años de edad. Su suegro también fue asesinado en su país natal después de que ella ingresó a Estados Unidos en 1999. Dijo que su suegra le llamó por teléfono a Estados Unidos para decirle que no podía volver a casa debido a que su familia estaba amenazada de muerte.
Por su parte, Díaz ingresó a Estados Unidos en 2009 y permaneció una vez que expiró su visa de turista. Dijo que ya tiene documentos legales para trabajar.
El abogado de las mujeres, Anibal Romero, solicitó investigaciones a nivel federal y estatal por lo que describió como un “ambiente tóxico” para intimidar a las dos mujeres, “causándoles temor por su seguridad y la de sus familias”.
