San José
Agencia (dpa)
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó anoche un polémico plan tributario impulsado por el Gobierno del presidente Carlos Alvarado, con el cual pretende mitigar un déficit en las finanzas públicas que podría superar el 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) este año.
El plan fue avalado en el segundo de dos debates legislativos por 34 de los 57 diputados que integran el Parlamento costarricense.
«Con este plan estamos evitando una gran crisis y ahora podremos avanzar hacia una reactivación de la economía», dijo en un mensaje al país el mandatario.
La iniciativa fiscal causó una de las mayores polarizaciones en la sociedad costarricense en los últimos cuarenta años.
Los sindicatos del sector público llamaron a una huelga nacional indefinida desde el pasado 10 de septiembre. Pese a que no lograron el objetivo de detener el proyecto tributario, un gremio de maestros y profesores aún siguen en huelga.
El movimiento de protesta cortó el curso lectivo, que está a una semana de concluir.
La huelga, que derivó en marchas y bloqueos de carreteras en todo el país, ha dejado pérdidas económicas equivalentes a al menos 50 millones de dólares.
Con el paso de los días, y ante el desgaste sufrido, varios sindicatos públicos fueron suspendiendo la paralización de labores, con lo cual la huelga se redujo en el último mes prácticamente al sector magisterial.
El agujero fiscal que arrastra el país desde hace más de una década alcanzó el 6.2 por ciento en 2017 y según las proyecciones de los expertos, crecería hasta el 7.9 por ciento en 2019 si no se adoptaban acciones para reducirlo.
El plan tributario, que había sido aprobado en un primer debate en el parlamento hace un mes, transforma el impuesto de ventas del 13 por ciento en uno al valor agregado, por el mismo monto, pero ampliado a la canasta básica y otros servicios hasta ahora exentos.
Además, recorta sobresueldos, bonos salariales y jubilaciones elevadas en el sector público, beneficios que los empleados estatales habían obtenido mediante convenciones colectivas de trabajo.
Los sindicatos denuncian que el «paquetazo fiscal», como lo llaman, golpeará los bolsillos de los sectores más vulnerables.
