Lima/dpa
El fiscal peruano José Domingo Pérez formalizó un pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la líder opositora Keiko Fujimori y otros implicados en un presunto lavado de activos.
Pérez formalizó el pedido después de que una sala revocara la orden de prisión preliminar de 10 días que mantuvo a Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, privada de la libertad durante una semana.
La acción fiscal se enmarca en el mismo proceso, pero es independiente de la prisión provisional, por lo que jueces tendrán que tomar la decisión bajo otros conceptos.
Fujimori, de 43 años, es acusada por la Fiscalía de liderar en el partido derechista radical Fuerza Popular (FP) una organización criminal para lavar al menos un millón de dólares, que supuestamente le dio la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña presidencial de 2011.
Junto con Fujimori, según establecieron medios periodísticos como el diario «El Comercio», se ha pedido prisión provisional de 36 meses para el secretario general de FP, Jaime Yoshiyama, uno de los principales funcionarios del Gobierno de Alberto Fujimori.
Asimismo, aparecen el exministro Augusto Bedoya Cámere, los poderosos asesores Ana Hertz y Pier Figari y el exempresario de televisión Vicente Silva Checa, quienes supuestamente participaron en el proceso de lavado.
Bedoya Cámere estuvo detenido con Fujimori y recibió la libertad con ella. Hertz, Figari y Silva Checa siguen en detención preventiva desde el miércoles, mientras que Yoshiyama, de 74 años, está fuera del país tras ser operado de un ojo.
El pedido de prisión preventiva de Pérez se daba por descontado, independientemente de la suerte que corriera la solicitud de prisión preliminar.
La detención preliminar fue autorizada en su momento por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien, sin embargo, al ser desautorizado no podrá aparentemente intervenir en la decisión sobre la prisión preventiva.
Si los jueces determinan que el pedido de Pérez es improcedente, Fujimori y los demás acusados seguirán el proceso, pero bajo comparecencia, aunque se presume que se les podrían aplicar restricciones como el impedimento de salida del país.
Según ex funcionarios de Odebrecht, el dinero le fue entregado a Fujimori a través de Yoshiyama y Bedoya Cámere. No obstante, tales ingresos no aparecen en los libros de FP, con lo que se deduce que se inventaron ingresos para justificar la existencia de ese monto.