Washington/Managua/dpa
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, condenó hoy «firmemente» la detención de manifestantes opositores en Nicaragua y dijo que la situación de los derechos humanos en ese país «ha empeorado” en el último mes.
“Estados Unidos reitera su condena más firme contra los ataques y la detención de manifestantes pacíficos por parte del presidente Ortega y sus fuerzas”, afirmó Trujillo durante una sesión del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos, convocada para estudiar la persistente crisis nicaragüense.
Trujillo calificó de “inaceptables” los recientes ataques armados contra movilizaciones pacíficas y la detención, el domingo anterior, de 38 manifestantes en Managua.
“Nos unimos a los países del Mercosur y a Costa Rica, y llamamos a Ortega a que cese la violencia”, dijo el diplomático. También pidió la puesta en libertad de todos los detenidos (unos 300, según organismos de derechos humanos) y la celebración de “elecciones libres como único camino para la democracia en Nicaragua”.
La sesión extraordinaria de la OEA comenzó con la presentación de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cifra en 325 el número de muertos desde que comenzó la crisis el pasado 18 de abril.
«La comisión ha observado en las últimas semanas un creciente deterioro del estado de Derecho» en Nicaragua, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, tras enumerar recientes acciones del Gobierno, entre las que mencionó capturas selectivas y amenazas a manifestantes, defensores de derechos humanos y periodistas.
“La CIDH exhorta al Gobierno de Nicaragua a que reanude el diálogo a la brevedad”, afirmó Abrao. Aclaró que deberá realizarse «un diálogo claro, efectivo y sin represión”.
El informe de la CIDH fue apoyado por los representantes de Perú, Paraguay, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Panamá y Canadá, que instaron al Gobierno a retomar el diálogo y a «respetar y hacer respetar el derecho legítimo a la protesta ciudadana».
En respuesta a la CIDH, el representante nicaragüense, Luis Alvarado, calificó el documento de «tendencioso y falaz» y desautorizó el trabajo realizado por el organismo autónomo de la OEA desde abril en el país.
La CIDH «pretende constituirse en un tribunal de alzada (pero) funciona como una ONG más de los grupos que intentan darle un golpe de Estado» a Ortega. «Parece que la desestabilización de Nicaragua es un jugoso negocio», dijo Alvarado.
La crisis en Nicaragua estalló con una protesta estudiantil y se agravó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares, que ha dejado hasta hoy cientos de muertos, heridos y detenidos, así como al menos 23.000 nicaragüenses refugiados en Costa Rica.
