Lima/dpa
El jefe del gabinete peruano, César Villanueva, aseguró hoy que el referéndum sobre cuatro reformas anticorrupción se dará porque ya está convocado, a pesar de que congresistas de la oposición pongan «trampas» para realizar cambios.
«Llueva o truene, va el referéndum. Si ellos (opositores) van a buscar otras fórmulas rebuscadas y escondidas, que lo hagan», dijo Villanueva en una entrevista con el canal ATV.
El jueves, parlamentarios de Fuerza Popular (FP) y el Partido Aprista Peruano (PAP), que controlan el Congreso, presentaron un proyecto de ley para retirar las reformas sobre la no reelección inmediata de congresistas y el regreso a la bicameralidad, impulsadas por el Gobierno.
«Le tienen miedo al referéndum. Tienen miedo de que la población vote directamente», agregó Villanueva, quien junto con el presidente Martín Vizcarra se ha puesto firme contra la oposición.
Según la oposición, que aprobó las reformas hace una semana para que Vizcarra convoque el referéndum, la intención de realizar cambios es una respuesta al presidente, que reclamó que el Congreso «desnaturalizó» las dos propuestas.
El concreto, FP y PAP cambiaron las propuestas del Gobierno de tal forma que se prohíbe que un congresista pueda ser reelegido «en el mismo cargo», lo que abre el camino para que los congresistas puedan seguir en el Legislativo como senadores.
Además, optaron por excluir al Senado de la figura de posible disolución si vetaba dos gabinetes, lo que despojaba de un arma valiosa al Ejecutivo, y rechazó el pedido de Vizcarra de que las listas tuvieran hombres y mujeres en forma intercalada.
El argumento de los opositores no convence a analistas. Para ellos, la real intención es que se eliminen del referéndum las preguntas sobre la no reelección inmediata y la bicameralidad.
A pesar de reclamar las modificaciones de sus reformas, Vizcarra no pidió rectificaciones: convocó el referéndum para el 9 de diciembre y pidió a los peruanos que alcen su voz mediante el voto.
Las reformas, que además implican el control de los partidos políticos y cambios en el mecanismo para designar jueces y fiscales, derivan de la revelación de una red de corrupción en el sistema judicial, con nexos en la política, con la que se negociaban nombramientos, fallos e investigaciones.
