Washington/dpa
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, instó hoy a los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras a que hagan más para frenar los flujos de inmigración ilegal hacia el país norteamericano.
El «número dos» de Donald Trump abrió en Washington con esa petición la Segunda Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, que reúne hasta mañana a autoridades de Estados Unidos con autoridades mexicanas y del Triángulo Norte.
Pence cifró en 225 mil las personas procedentes de esa región que en el último año intentaron entrar ilegalmente en Estados Unidos a través de la frontera con México, país representado en la conferencia de Washington por su canciller, Luis Videgaray.
El vicepresidente Pence pidió al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que doble las fuerzas policiales en la frontera; al de Guatemala, Jimmy Morales, le pidió más recursos para asegura su frontera; y al vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, un mayor esfuerzo para combatir el crimen.
Y a todos les pidió que transmitan a sus ciudadanos que «no pongan a sus familias en riesgo emprendiendo el peligroso viaje para entrar ilegalmente en Estados Unidos».
«Si no pueden llegar legalmente, no deben venir», manifestó Pence, repitiendo las palabras que ya pronunció en junio en Guatemala, cuando se reunió con las autoridades del Triángulo Norte por última vez.
La cita en Washington tiene como objetivo revisar los compromisos asumidos por las partes en junio del año pasado en Miami, cuando se celebró la primera de estas cumbres.
La Administración Trump, que ha hecho de la mano dura en inmigración una línea principal de acción de Gobierno, presiona para que El Salvador, Guatemala y Honduras controlen los flujos migratorios que salen de sus fronteras hacia Estados Unidos.
Bajo la estrategia para América Central, Estados Unidos ha comprometido en la región más de 2 mil 600 millones de dólares en asistencia desde 2015 hasta 2018. Se trata de ayuda financiera para que trabajen en la reducción del crimen y la violencia, ataquen la corrupción y contribuyan a desbaratar las actividades de las organizaciones criminales transnacionales.
Los países del Triángulo Norte, por su parte, han comprometido 8 mil 600 millones desde 2016 hasta 2018 en su propia iniciativa, que recibe el nombre de Plan de la Alianza para la Prosperidad.
Miles de personas salen cada año del Triángulo Norte, huyendo de la violencia y la pobreza en esos países, acrecentada por desastres naturales como las lluvias recientes o los huracanes y terremotos. Honduras y El Salvador, por ejemplo, están entre los países del mundo con mayor tasa de homicidios y violencia sexual.
La mayoría de las familias separadas en la frontera con México allí en el marco de la llamada «tolerancia cero» -con la que el Gobierno de Trump intenta desincentivar la llegada migrantes sin papeles y la cual desató la indignación internacional hace unos meses- procedía de Centroamérica.
También eran centroamericanos la mayoría de quienes en la primavera llegaron a la frontera tras atravesar México en una caravana para solicitar asilo en Estados Unidos y ante la cual Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la línea divisoria entre los dos países mientras se construye su muro.
Las deportaciones de centroamericanos sin papeles, que se han incrementado desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, podrían incrementarse aún más en el caso de Honduras y El Salvador, tras la cancelación de la protección migratoria especial conocida como TPS.
El Gobierno ha dado un plazo a 195 mil salvadoreños y 57 mil hondureños acogidos a ella para que regularicen su situación por otras vías o dejen el país. De no hacerlo, serán objetivo de deportaciones. La semana pasada, no obstante, un juez ordenó paralizar temporalmente la terminación de esa protección.
