POR FREDDY CUEVAS/AP
TEGUCIGALPA
La Corte Suprema de Justicia de Honduras suspendió por tiempo indefinido el juicio que debía comenzar ayer por el asesinato a tiros en 2016 de la líder ambientalista Berta Cáceres.
Su familia pidió a los jueces que se aparten del caso por presuntamente parcializarse y al Ministerio Público por ocultar la verdad. «Buscamos justicia en medio de circunstancias adversas y aun así descubrimos una estructura criminal detrás de la muerte de Berta», aseguraron.
«Hay cinco recursos de amparo que la Corte Penal de Apelaciones debe resolver en tres días», dijo a The Associated Press el vocero del poder judicial, Melvin Duarte. Los recursos fueron presentados por la familia Cáceres y el Comité de Organizaciones Indígenas.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras respalda la posición de los familiares.
Está previsto que el juicio oral y público se extienda por un mes y concluya el 19 de octubre.
A los procesados se les juzga también por intentar matar al activista mexicano de derechos humanos Gustavo Castro, quien era huésped de Cáceres el día del ataque y resultó herido de bala.
Los detenidos son exmilitares y exejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos, S. A. (DESA), que ejecuta el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que Cáceres se opuso tenazmente por considerar que afectaba los recursos naturales de su pueblo natal La Esperanza, unos 120 kilómetros al oeste de la capital.
Olivia Zúñiga, hija de Cáceres, denunció a periodistas que «la junta directiva de DESA planificó el asesinato de mi madre» y criticó el sistema judicial por «no actuar de manera correcta a favor de la justicia… y en contra de la impunidad».
Entre los detenidos figuran Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo y David Castillo. Rodríguez era gerente de Asuntos Comunitarios y Ambientales de la compañía cuando ocurrió la muerte de Cáceres y Bustillo fue jefe de seguridad entre 2013 y 2015. Antes de morir, Cáceres denunció públicamente que ambos la amenazaron de muerte. Castillo, acusado de ser autor intelectual en el crimen, era presidente ejecutivo de DESA.
Cáceres realizó frecuentes protestas populares de indígenas contra la empresa y denunció sin éxito la situación a la fiscalía. La empresa insiste que no está involucrada en el caso.
La represa se construía sobre el río Gualcarque, considerado sagrado para los lencas, la principal etnia indígena de Honduras a la que Cáceres pertenecía.
Los lencas descienden de los mayas, cuya civilización se extendió mil años antes de Cristo en los territorios que ahora son de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras.
Ante la denuncia de irregularidades en el proceso de la familia Cáceres, el juicio es observado por una comisión de expertos en derechos humanos de 17 organizaciones de ocho países y por Amnistía Internacional.
