Buenos Aires/dpa
Carlos Beraldi, abogado de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, negó hoy que la Justicia hubiera hallado documentos de origen ilegal cuando días atrás registró viviendas de la actual senadora opositora como parte de una investigación de presunta corrupción.
«Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita», afirmó Beraldi en un comunicado difundido en el sitio de Internet de Kirchner.
El diario «Clarín» había publicado el domingo que en la casa que Fernández de Kirchner tiene en la villa turística patagónica de El Calafate se halló una bóveda en la que había información de inteligencia sobre la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, y el juez Claudio Bonadio, que investiga la supuesta trama de sobornos que tendría a la ex presidenta como presunta líder de una asociación ilícita.
Beraldi consideró que en los registros ordenados por Bonadio se cometieron supuestas irregularidades. Entre ellas, mencionó que se le «impidió controlar» como abogado defensor el operativo llevado a cabo en una vivienda del barrio de Recoleta, en Buenos Aires.
En ese lugar, agregó Beraldi, se detectó «un hecho de extraordinaria gravedad»: tres personas que asistieron al inmueble para limpiarlo después de los procedimientos judiciales «sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar» al tomar contacto con un elemento «tóxico».
Beraldi sostuvo que Bonadio «ordenó secuestrar» en los domicilios elementos que «no guardan relación con el objeto de la causa» y que forman parte del «ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación».
«Como muestra de la persecución política de la que mi defendida es objeto, se apoderaron de documentación que guarda relación directa con el cargo de senadora de la Nación» por la opositora agrupación peronista Unidad Ciudadana, agregó Beraldi.
Los registros de las viviendas de la ex mandataria fueron autorizados por el Senado porque la legisladora está protegida por los fueros parlamentarios.
Bonadio emitió un informe en el que señaló que, de acuerdo con las pruebas ya recolectadas, en Argentina funcionó «una organización delictiva conformada por funcionarios públicos comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo», Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
