Por FABIOLA SÁNCHEZ
CARACAS
Agencia (AP)
El gobierno venezolano difundió ayer el video de la declaración de un diputado detenido para incriminar en el intento de atentado al mandatario Nicolás Maduro al exjefe de la Asamblea Nacional y dirigente opositor, Julio Borges, por el que solicitó su captura internacional.
Horas después se difundió en redes sociales un segundo video del congresista encarcelado, Juan Requesens, en el que aparece semidesnudo en un baño. Las imágenes desataron el rechazo de sus colegas y opositores, quienes denunciaron que el diputado habría sido presionado para declarar.
El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, presentó el material audiovisual de una supuesta declaración que ofreció Requesens, que fue detenido hace tres días por la policía política, que lo mantiene incomunicado, en la que reconoce que habría recibido órdenes de Borges para ayudar a pasar hacia Colombia a uno de los implicados en el caso que fue arrestado por las autoridades.
El ministro reiteró la solicitud del gobierno venezolano para que Estados Unidos y Colombia respondan a la petición de entrega de los presuntos implicados en el intento de magnicidio que estarían en esos países y agregó que próximamente se presentarían evidencias de la supuesta protección que se estaría dando a algunos de los solicitados en algunas naciones del continente.
Al condenar las declaraciones del ministro, Borges afirmó a través de Periscope que desde la policía política se filtró el segundo video de Requesens que revelaría que el político fue sometido a un “proceso psicológico o químico” para obligarlo a declarar lo que quería el gobierno.
Visiblemente afectado y mostrando una fotografía del diputado detenido semidesnudo, el dirigente político consideró como “denigrante” las acciones de las autoridades y dijo que se apresuraron a pedir el alerta roja contra él en respuesta a las sanciones internacionales que enfrenta Maduro y más de una decena de altos funcionarios.
El político atribuyó el proceso en su contra a las acciones que siguió en 2017, cuando era presidente del Congreso, para detener el endeudamiento del gobierno en el exterior y lograr el desconocimiento internacional de la Asamblea Constituyente, y por su negativa a firmar a inicios de año el proyecto de acuerdo propuesto por las autoridades en el proceso de diálogo que se realizó en República Dominicana.
Desde Bogotá, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, dijo en rueda de prensa que hasta el momento no ha recibido el pedido de extradición de parte del gobierno de Maduro.
Las autoridades venezolanas activaron la víspera los canales jurídicos y diplomáticos para solicitar la extradición de Borges, de 48 años, a Colombia.
De acuerdo con las leyes venezolanas las solicitudes de extradición deben ser aprobadas por el Tribunal Supremo de Justicia y luego tramitadas por la cancillería.
El Tribunal Supremo ordenó el miércoles la detención de Borges alegando que existen elementos que lo comprometen en los delitos de instigación pública, traición a la patria y homicidio intencional calificado en grado de frustración.
Asimismo, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente acordó el retiro de la inmunidad parlamentaria de Borges y Requesens.
La Asamblea Nacional -controlada por la oposición- rechazó el jueves las acciones de la Constituyente y dijo que no reconocería el retiro de la inmunidad de dos de sus miembros.
El apartamento donde vive Requesens también fue allanado la noche del jueves por una treintena de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) que aparecieron en el lugar con armas largas y algunos con los rostros cubiertos con capuchas, indicó a la prensa Rafaela Requesens, dirigente estudiantil y hermana del diputado.
La dirigente denunció que desde que su hermano fue detenido las autoridades lo mantienen incomunicado y no se le permite reunirse con sus familiares o abogados.
Sobre el segundo video presentado el viernes, algunos opositores mencionaron que Requesens tendría la ropa interior manchada de excrementos y habría sido sometido a torturas y drogado para declarar.
El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, dijo un día antes que las autoridades detuvieron a ocho personas, solicitaron la captura de otras diez y allanaron dos clínicas, una finca, un apartamento y varios locales comerciales que pertenecen a un empresario solicitado. Reverol precisó que 25 personas están siendo investigadas por su presunta vinculación con el caso.
