Por agencia/dpa
Bogotá

El senador colombiano Iván Cepeda dijo hoy que la renuncia del expresidente Álvaro Uribe al Congreso es una estrategia judicial que busca que la investigación en su contra pase de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General.

Uribe, que gobernó de 2002 a 2010 y después obtuvo un escaño en el Senado en 2014, anunció ayer que renunciará al mismo tras la decisión del tribunal supremo de llamarlo a declarar en el marco de una investigación por una presunta presión a testigos.

El exjefe de Estado dijo sentirse «moralmente impedido» si asume su defensa mientras es congresista, por lo que anticipó que presentará una carta de renuncia.

Según abogados, de ser aceptada la renuncia, el caso pasaría de la órbita de la Corte Suprema a la Fiscalía General.

Cepeda, muy vinculado al caso por el que Uribe es investigado, celebró lo que llamó «valiente decisión» sobre el llamado a indagatoria a Uribe, pero se mostró preocupado por el futuro del proceso si llega a pasar de manos de un magistrado del tribunal supremo a las de un fiscal de la justicia ordinaria.

«Hasta ahora se consideraba que los expresidentes, y en particular el hoy senador Uribe, eran prácticamente personas inmunes a cualquier tipo de investigación judicial. La Corte señaló hoy que no existen personas que estén por encima de la Justicia en Colombia», dijo Cepeda a la cadena de radio RCN.

Sin embargo, el senador del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo agregó que es posible que el proceso pierda fuerza y sea vulnerable en la Fiscalía, pues la Corte Suprema es la que conoce a fondo los antecedentes del caso.

Según Cepeda, la renuncia de Uribe obedece a una estrategia judicial con el objetivo de «cambiar de juez» en una instancia en que le resultaría más fácil defenderse.

«Eso tendría una incidencia en hacer más vulnerable la investigación y, por lo tanto, buscar que eventualmente termine en impunidad», puntualizó Cepeda.

El caso se remonta a 2012, cuando Cepeda, uno de los principales opositores políticos de Uribe, acusó al expresidente de tener vínculos con grupos paramilitares de ultraderecha desde antes de haber ejercido como jefe de Estado.

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