Por Agencia/dpa
Lima
El ministro de Justicia del Perú, Vicente Zeballos, insistió hoy en que el nuevo fiscal general, Pedro Chávarry, debe dar un paso al costado por sus supuestos nexos con el esquema de corrupción que sacude al sistema judicial.
«Por una cuestión elemental (Chávarry) tiene que separarse, si no hablaríamos de una justicia parcializada y sesgada. En este momento crítico para el país, no transmitiríamos confianza y transparencia, pero sobre todo credibilidad en las instituciones», dijo Zeballos en la radio RPP.
Zeballos, que asumió el cargo el sábado después de que su predecesor Salvador Heresi quedara envuelto en el escándalo, coincidió así con el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, que afirmó que es mejor «tener autoridades libres de sospechas».
Chávarry asumió como fiscal general el viernes en medio de cuestionamientos, después de que la prensa revelara audios que muestran su cercanía con el polémico juez supremo César Hinostroza, acusado de formar parte del esquema delictivo que aparentemente domina al aparato judicial.
«Nadie me puede cuestionar por haber guardado una relación con personas que conozco durante mucho tiempo, como es el caso del doctor Hinostroza», se defendió Chávarry ante las críticas por sus nexos con quien llama «hermano» en las cintas.
En los audios, difundidos por el canal N de televisión, Chávarry coordina con el juez supremo acciones secretas contra otros dos fiscales «incómodos» y se compromete a entregarle un certificado de que carece de antecedentes judiciales para tramitar una visa.
Tanto Zeballos y Villanueva, así como analistas, no confían en que la Fiscalía investigue con rigor a Hinostroza, que está suspendido y tiene impedido salir del Perú, por su cercanía con la cabeza de esa institución.
Para expertos, Chávarry, elegido para el cargo semanas atrás, será un obstáculo en la reforma judicial que plantea el Gobierno del presidente Martín Vizcarra. El mandatario declaró que respeta la autonomía de la Fiscalía, pero que estará vigilante a las acciones de sus autoridades.
La crisis judicial en el Perú estalló a comienzos de julio, cuando la prensa empezó a filtrar los audios de una investigación fiscal para identificar al brazo legal de una banda de narcotraficantes, extorsionistas y sicarios.
