Schleswig/Madrid
DPA

La Justicia alemana levantó hoy la orden de prisión provisional con medidas cautelares que pesaba sobre el líder independentista catalán Carles Puigdemont para su entrega a España y dio por terminado el caso, con lo que el político queda libre para moverse por cualquier país a excepción de España.

La decisión fue comunicada por una portavoz del Tribunal Superior del estado de Schleswig-Holstein un día después de que el Tribunal Supremo de España retirase la orden europea de detención por la que fue arrestado Puigdemont el 25 de marzo en el norte de Alemania.

Poco antes, la Fiscalía general de esta región alemana había solicitado el levantamiento de las medidas cautelares tras recibir la notificación oficial de Madrid. Puigdemont estuvo tras su detención 12 días en prisión, tras los cuales fue dejado en libertad bajo fianza.

Ahora, al levantarse la orden de detención, finaliza el proceso judicial en Alemania y Puigdemont podrá dejar el país en el que quedó retenido durante casi cuatro meses.

El recurso que preveía interponer la defensa de Puigdemont contra la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein ante el Constitucional alemán ya no será necesaria. «No se puede presentar porque ya no hay causa», explicó a dpa uno de los abogados españoles de Puigdemont, Gonzalo Boye.

El letrado no descartó que «en algún momento» la Justicia española curse una nueva orden de detención europea contra el líder independentista, aunque no se espera que sea en este momento. «Estaremos preparados para cuando lo hagan», señaló.

Boye confirmó a dpa que la intención del político de 55 años es establecerse en Bélgica, donde se instaló después de ser destituido en octubre por su papel en la convocatoria y celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña declarado ilegal.

El Tribunal Supremo de España rechazó ayer la entrega de Puigdemont en las condiciones acordadas por la Justicia de Alemania, y retiró la orden europea de arresto contra él.

El 12 de julio, el tribunal de Schleswig-Holstein había aprobado la entrega del líder separatista a España por un delito de malversación de fondos públicos, pero había rechazado extraditarlo por rebelión en relación con el referéndum soberanista del 1 de octubre.

Una entrega solo por malversación supondría que España no podría juzgar al ex «president» por rebelión, delito más grave y penado con hasta 30 años de cárcel. Puigdemont solo podrá regresar a España sin riesgo de ser detenido cuando estos delitos prescriban, es decir, dentro de 20 años.

El Gobierno de España expresó su respeto a la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la extradición del ex jefe del Ejecutivo catalán. «La Justicia española no queda dañada. Son discrepancias que se producen entre dos ámbitos judiciales y lo respetamos», dijo en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo de Sánchez, Isabel Celaá.

El 46,7 por ciento de los ciudadanos de Cataluña quiere que la región sea un estado independiente frente a los 44,9 que está en contra, según la encuesta publicada hoy por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de Cataluña. El porcentaje de independentistas cae más de un punto desde el anterior sondeo, realizado en abril.

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