Caracas,
Agencia dpa
El Gobierno de Venezuela denunció hoy que la Unión Europea (UE) atenta contra la paz política del país, debido a lo que llamó su agresión continuada e injerencista, en una inmediata reacción a las sanciones impuestas este lunes contra 11 funcionarios venezolanos.
«La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la agresión continuada e injerencista de la UE, que constituye una franca intromisión en los asuntos soberanos de nuestro país, al adoptar pretendidas medidas restrictivas contrarias al derecho internacional contra 11 altos funcionarios del Estado Venezolano, aprobadas hoy por el Consejo de Asuntos Exteriores», dijo en un comunicado.
Agregó que «la UE atenta contra la paz política en Venezuela» al inmiscuirse en sus asuntos internos y «empeñarse en aplicar medidas coercitivas que atentan contra la tranquilidad y el diálogo entre los venezolanos y las venezolanas».
«Es sorprendente la flagrante subordinación de la UE a la administración (del presidente estadounidense Donald) Trump, emulando sus acciones de agresión contra Venezuela, diseñadas por los sectores más extremistas y guerreristas de ese Gobierno. El mundo multipolar espera independencia en la conducta de la UE, ante las evidencias y el peligro del resurgimiento del unilateralismo», señaló el texto.
Asimismo, el Gobierno bolivariano reiteró a la UE que Venezuela «no aceptará amenazas de ninguna potencia o grupo de países coaligados con reminiscencias imperiales».
«Venezuela aprovecha la ocasión para reiterar que el pueblo venezolano es soberano e independiente, que sus instituciones democráticas surgen del sufragio universal y que responderá todas las agresiones con la debida proporcionalidad, haciendo respetar el principio de no injerencia, al respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación», agregó.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE impusieron hoy sanciones a otros 11 funcionarios venezolanos, un mes después de que el presidente Nicolás Maduro fuese reelegido en unas cuestionadas elecciones no reconocidas por gran parte de la comunidad internacional.
Entre los funcionarios sancionados figuran el ex vicepresidente Tareck el Aissami, acusado de haber supervisado «graves violaciones de los derechos humanos» por parte del servicio nacional de inteligencia, y su sucesora Delcy Rodríguez, cuyas acciones han «socavado la democracia y el imperio de la ley».
