Por agencia/dpa
Washington
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifró hoy en 212 los muertos en Nicaragua en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y denunció la existencia de una «violencia estatal» dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones.
«La respuesta de represión a las protestas ejercidas por el Gobierno de Nicaragua ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos humanos», señala el informe de 97 páginas, presentado por la CIDH en un consejo permanente extraordinario de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.
En él, constata un «uso excesivo de la fuerza» por parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados y concluye que «el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia».
Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril, tras la aprobación por decreto de una reforma de la seguridad social, luego derogada. El país centroamericano atraviesa desde entonces su peor crisis política y social en décadas, con una violencia sostenida que suma muertos prácticamente a diario.
El informe de la CIDH fue presentado hoy por su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, y la relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola. Se trata del documento final tras la visita que hicieron del 17 al 21 de mayo al país centroamericano para investigar la violencia.
La CIDH, un órgano autónomo de la OEA, se encarga de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente americano. Desde su visita a Nicaragua, la violencia se ha recrudecido, algo constatado y condenado hoy por Urrejola.
Al consejo permanente extraordinario asistió el ministro de Exteriores nicaragüense, Denis Moncada, que rechazó el informe. «Es subjetivo, prejuiciado y notablemente parcializado», dijo. «No es política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso represivo y arbitrario de la fuerza», aseguró.
Urrejola expresó la «consternación» de la CIDH por las 212 «personas asesinadas» contabilizadas hasta el 19 de junio y aseguró que en su mayoría se trata de jóvenes.
Llamó al Estado nicaragüense a tomar medidas para impedir el uso de la fuerza letal para disolver manifestaciones. «Grupos paramilitares y terceros armados, actuando con la policía, han puesto en marcha una respuesta para disuadir la participación social de los manifestantes», dijo.
Durante la sesión se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas en el país centroamericano.
Bajo presión, el Gobierno de Ortega cursó esta semana una nueva invitación para que la CIDH vuelva al país, una invitación también dirigida a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y a la Unión Europea (UE).
