Washington/Managua
DPA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió ayer al Gobierno de Nicaragua a desmantelar los grupos parapoliciales y a investigar y sancionar el uso de la fuerza por parte de los mismos, al tiempo que condenó los últimos hechos de violencia que dejaron quince muertos, según sus cifras.
“La CIDH insta al Estado a investigar y sancionar el uso de la fuerza por parte de actores parapoliciales, desmantelar dichos grupos y buscar una solución pacífica, constitucional y democrática a la actual crisis política que afecta al país”, señaló la CIDH en un comunicado de prensa emitido en Washington, donde tiene su sede.
La CIDH instó «al cese de la represión de las protestas» antigubernamentales y condenó «las muertes y los nuevos hechos de violencia ocurridos en Nicaragua» el 30 de mayo, cuando elementos armados dispararon contra manifestaciones opositoras en distintos puntos del país.
“Según información de público conocimiento, se produjo una represión por parte de grupos de choque y terceros armados, quienes dispararon con armas de fuego contra las personas manifestantes. Según datos oficiales, quince personas resultaron muertas y 199 heridas en Managua, Estelí y Masaya”, señaló el reporte.
El comunicado mencionó también ataques contra el Canal 15 (100%Noticias) y la emisora Nueva Radio Ya, así como una agresión de policías a dos periodistas de la agencia española EFE. Añadió que, con las nuevas víctimas, la cifra de muertos subió a 97, aunque el Gobierno reconoce sólo 39.
Asimismo, informó que en los próximos días anunciará los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Nicaragua), creado para apoyar investigaciones sobre violencia.
La crisis en Nicaragua comenzó en abril con una protesta de estudiantes por una reforma al Seguro Social, que afectaba a miles de trabajadores y jubilados, y que se agudizó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares contra civiles.
También el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, condenó la violencia y “el asesinato de varios manifestantes” en Nicaragua y pidió a Ortega que autorice una visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos al país.
En una declaración del portavoz adjunto Farhan Haq, el secretario general ofreció el apoyo de la ONU “a los esfuerzos de diálogo nacional para fortalecer el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y la resolución pacífica de las diferencias”.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió en una entrevista con Voz de América (VOA) que la organización panamericana no dará su aval a un derrocamiento del mandatario nicaragüense.
«Hay gente que quiere otro camino que no es electoral ni constitucional y yo no voy a meter a la organización en ningún otro camino que no sea constitucional ni electoral», manifestó Almagro.
«Otros quieren que instalemos a otro gobierno en el poder. Eso no, ni de casualidad. No cuenten con la organización para avalar ninguna chanchada de esas, por favor», manifestó Almagro.
En Nicaragua, el Gobierno divulgó una carta del papa Francisco a Ortega, en que la destacó que “el diálogo humilde y sincero es un buen medio para favorecer la paz” y rechazó “toda cerrazón y violencia, que contribuyen sólo a multiplicar el sufrimiento, de modo particular entre los pobres y vulnerables”.
También en Managua, una nueva coalición de organismos sociales se formó este viernes con un llamado a la población a la desobediencia civil y a desarrollar una huelga nacional para obligar a Ortega a abandonar el poder.
La “Articulación de Movimientos Sociales y de Organismos de la Sociedad Civil” instó también a fortalecer los “tranques” (bloqueos de carreteras) de campesinos y estudiantes que protestan contra el Gobierno.
En tanto, en rueda de prensa, madres de jóvenes muertos en las protestas antigubernamentales apoyaron la idea de la huelga. Amanda Gahona, madre del periodista Angel Gahona, asesinado en Bluefields (surcaribe), propuso formar “una junta de gobierno” integrada por representantes opositores.
Otro grupo de padres en busca de hijos presos o desaparecidos instaló toldos frente a una cárcel conocida como “El Chipote”, en cuyas celdas se ha recluido a políticos opositores y a decenas de jóvenes detenidos en las protestas recientes.
Alvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH, independiente), dijo que esa entidad registra un total de 109 fallecidos, en su mayoría jóvenes asesinados por fuerzas del Gobierno.
