Por KATE BRUMBACK
ATLANTA
Agencia (AP)
Las autoridades federales de inmigración han aceptado renovar la protección temporal de deportación a una mexicana cuyo caso atrajo la atención a nivel nacional, hace ocho años, cuando era estudiante universitaria en Georgia, de acuerdo con documentos presentados en Corte.
El acuerdo firmado y presentado ayer en una Corte federal de Atlanta es el último giro en la saga de Jessica Colotl, de 30 años, para quedarse en el país que llama hogar desde hace casi dos décadas.
«Ahora tengo seguridad laboral y puedo volver de lleno a la vida por la que tanto he luchado aquí en Georgia, con tranquilidad», dijo Colotl en un comunicado de prensa divulgado ayer. «Espero que el gobierno finalmente vea que solo quiero tener lo que todo mundo tiene: la estabilidad y seguridad de que no me quitarán mi hogar».
Colotl se convirtió en un símbolo renuente del debate migratorio cuando cursaba la universidad y fue detenida por una infracción vial en el campus de la Universidad Estatal Kennesaw, cerca de Atlanta. La joven fue arrestada y posteriormente entregada a las autoridades federales de inmigración, quienes la retuvieron por 37 días.
Colotl fue llevada sin autorización legal a Estados Unidos por sus padres, originarios de Puebla, México, cuando tenía 11 años, para luego graduarse de la universidad. En 2012 presentó una solicitud para el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). Su solicitud fue aprobada en 2013 y renovada con éxito.
El programa DACA, establecido durante el gobierno del presidente Barack Obama, ofrece un indulto de deportación a personas que viven en Estados Unidos sin autorización legal y que pueden demostrar que llegaron al país antes de sus 16 años, que han radicado en Estados Unidos por varios años y no han cometido un delito desde su llegada.
Cientos de miles de inmigrantes han sido acogidos temporalmente por el programa. En septiembre, el presidente Donald Trump anunció que cancelaría el plan, pero cortes federales han obligado al gobierno a seguir ofreciendo protecciones mientras se resuelva la disputa judicial en torno a su cancelación.
