Washington/dpa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzará mañana su visita a Nicaragua para investigar la violencia que se vive en el país desde mediados de abril, según anunció hoy su secretario ejecutivo, Paulo Abrao.
«Mañana empezaremos nuestra visita de trabajo para monitorear la situación de los derechos humanos en Nicaragua», escribió Abrao en su cuenta de Twitter.
La Comisión iniciará su trabajo dos días después de que comenzara el diálogo nacional en busca de una solución a la grave crisis que atraviesa el país y que tiene como mediadora a la Iglesia católica nicaragüense.
El canciller nicaragüense, Denis Moncada, avanzó el miércoles a un diario del país que hoy llegaba una delegación de 11 miembros de la CIDH.
La Comisión, con sede en Washington, es un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se encarga de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente.
Más de 60 personas -según las cifras de organizaciones de derechos humanos- han muerto en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, que arrancaron a mediados de abril por la aprobación por decreto de una reforma de la seguridad social que afectaba a las pensiones. El Ejecutivo solo reconoce 16 muertos.
La visita de la CIDH fue una condición puesta por los sectores sociales que lideran las protestas para sentarse a dialogar.
El Gobierno de Ortega se resistió durante semanas a permitir la visita solicitada por la Comisión. Finalmente cursó la invitación preceptiva este lunes, en el último día de plazo que la Iglesia católica como mediadora le había dado para ello.
Abrao informó de que mañana habrá un pronunciamiento inicial de la CIDH a la prensa en Managua.
Durante la visita, mantendrá reuniones con autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil y otros actores relevantes, «a fin de poder tener un diagnóstico completo y adecuado de la situación de derechos humanos en el país», según avanzó días antes de poner fecha a su llegada.
«Es indispensable que podamos sostener reuniones con autoridades, pero también con diversos sectores de la sociedad civil, para poder hacer una evaluación y un diagnóstico serio, y poder de esa manera considerar la pertinencia de prestar el asesoramiento técnico», explicó la semana pasada la comisionada y relatora para el país, Antonia Urrejola Noguera.
Poco después de que comenzaran las protestas contra el Gobierno, la Comisión condenó ya la «represión» de los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad.
