POR MARK SHERMAN/AP
WASHINGTON
En su época de dueño de casinos, Donald Trump seguramente hubiera festejado el fallo de ayer de la Corte Suprema que anuló una ley federal que impedía a los estados las apuestas a la mayoría de los deportes.
Su gobierno, sin embargo, quería que la Corte avalase esa ley en parte porque su anulación podría complicar su batalla contra las ciudades y estados santuario. Siete de los nueve jueces de la Corte Suprema –cinco conservadores y dos liberales– apoyaron una lectura rígida de la 10ma Enmienda de la Constitución que limita las facultades del gobierno nacional para imponer su voluntad a los estados.
La ley contra las apuestas a los deportes es inconstitucional porque “inequívocamente le dice a la legislatura de un estado lo que puede y no puede hacer”, escribió el juez Samuel Alito al resumir el sentir mayoritario. “Es como si se instalase funcionarios federales en las cámaras legislativas ungidos de autoridad para impedir que los legisladores aprueben propuestas que nos les gustan”.
Hay un vínculo directo entre la decisión del tribunal supremo en torno a las apuestas en el deporte y los esfuerzos del gobierno nacional por castigar a estados y municipalidades que se resisten a hacer cumplir las políticas inmigratorias federales, según varios expertos en asuntos legales.
“La Corte sin duda dijo que el gobierno federal no puede obligar a los estados a que hagan cumplir las leyes federales. En el contexto de la inmigración, esto quiere decir que no puede exigir a las autoridades municipales o estatales que cooperen con las autoridades federales de inmigración”, opinó Ilya Shapiro, especialista en estudios constitucionales del Instituto Cato.
Omar Jadwat, director del proyecto sobre derechos de los inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles, expresó que el fallo refuerza decisiones de la década de 1990, incluida una que dejó sin efecto partes de una ley federal de control de armas que exigía a la policía local determinar si un comprador estaba capacitado para portar armas.
El Departamento de Justicia desistió de comentar el fallo. Había pedido al Tribunal Supremo que avalase la postura del gobierno nacional aduciendo que no violaba la Constitución.
En el fallo judicial más reciente sobre las ciudades santuario, el tribunal federal de apelaciones de Chicago indicó el mes pasado que el gobierno nacional no puede negar fondos relacionados con la seguridad pública destinados a ciudades que se niegan a cumplir las políticas inmigratorias del gobierno federal.
