POR ALANNA DURKIN RICHER/AP
Boston
Inmigrantes que viven en el país sin permiso de residencia y que han sido acusados de algún delito enfrentan un panorama incierto porque las autoridades de inmigración no les permiten ser procesados por temor a que se les niegue la oportunidad de deportarlos.
Defensores de los inmigrantes afirman que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido como ICE, por sus siglas en inglés) está impidiendo sus procesos, generando caos y obligando a los fiscales a buscarle la vuelta a cada caso para poder llevar a los imputados delante de un juez.
Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, el ICE se ha enfocado específicamente en imputados que todavía no han sido hallados culpables, lo que representa un viro respecto a la política seguida por Barack Obama, que le apuntaba mayormente a los ya condenados, según dicen abogados. Activistas sostienen que el ICE a veces invoca los presuntos delitos de un inmigrante para impulsar su deportación, pero luego no dejan que respondan a las acusaciones.
“Hay una especia de guerra abierta entre el gobierno federal y los estados y las localidades”, aseguró Muzaffar Bhishti, director de la oficina del Instituto de Políticas de Inmigración de la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York.
Si bien no está claro cuántos acusados no han podido presentarse ante los tribunales, se están presentando casos en todo el país, sobre todo en las así llamadas “ciudades y estados santuario”, cuyas autoridades no cooperan con el servicio de inmigración.
El ICE no lleva la cuenta de cuántos detenidos tienen pendientes procesos tras haber sido acusados de delitos ni la frecuencia con que no son entregados a las policías locales para que sean juzgados, según una portavoz de esa dependencia.
LAS DINÁMICAS DEL PROCESO
En un caso, un individuo acusado de violar a una menor fue deportado –básicamente, quedó en libertad en su país– sin haber sido juzgado.
El ICE no está obligado a acatar las órdenes de los jueces de entregar a un detenidos para que se presente ante un tribunal. Y las autoridades federales dicen que no lo harán si no tienen garantías de que la persona será devuelta a la custodia federal cuando se complete el proceso.
“Hacemos todo lo posible para que esta gente sea juzgada, pero también tenemos que hacer nuestro trabajo”, afirmó el director interino del ICE Thomas Homan a la Associated Press en una entrevista el mes pasado. “Si realmente quieren hacer cumplir las leyes penales, colaboren con nosotros. Nosotros queremos lo mismo, pero no nos están ayudando”.
El tema llegó a un punto crítico en Massachusetts, donde la Corte Suprema estatal prohibió específicamente a la policía local el año pasado entregar inmigrantes detenidos al servicio de inmigración. El ICE respondió negándose a entregar a los presos para que sean juzgados por los delitos de los que se los acusa.
Abogados de Connecticut, Nueva York y California dicen que el problema se agravó desde la llegada de Trump porque el ICE está deteniendo más inmigrantes con casos pendientes.
A veces los arrestados son enviados a centros de detención distantes, lo que hace prácticamente imposible que se presenten a sus vistas. Tanika Vigil, de la Red de Defensa del Inmigrante de Rocky Mountain, dijo que algunos detenidos en Colorado tienen casos pendientes en Utah, pero las autoridades locales no piensan trasladarlos porque es un trámite complejo y costoso.
Mary Moritary, principal defensor de oficio del condado de Hennepin en Minnesota, calcula que el ICE evitó que unas 30 personas fuesen juzgadas, sin permitir siquiera que se les asignase un abogado de oficio, lo que implica que nadie las representa en un juzgado.
“El ICE está arrestando gente con procesos penales pendientes a sabiendas de que, al hacerlo, está interfiriendo con sus procesos”, expresó Raha Jorjani, de la oficina de abogados de oficio del condado de Alameda, California.
El ICE aduce que las comunidades que no les entregan a los inmigrantes sin papeles ponen en peligro al público al permitir que personas sospechosas de haber cometido un delito queden en libertad. Mencionan el caso de un individuo liberado en Filadelfia luego de que se desestimase una acusación de agresión, a pesar de que había sido requerido por el ICE, quien luego fue acusado de violar a una menor.
Jueces federales, sin embargo, han dicho que retener a alguien a pedido del ICE es inconstitucional.
EL CASO DE UN GUATEMALTECO
En Massachusetts los fiscales estaban listos para llevar a juicio en marzo al guatemalteco Víctor Ramírez, acusado de violar a una menor y de otros cargos. Fue apresado por el ICE al salir de una oficina a la que debía presentarse en cumplimiento de los requisitos de su libertad condicional en septiembre y el organismo se negó a entregarlo a la custodia estatal para que fuese juzgado, de acuerdo con una portavoz de la fiscalía de Essex.
Un juez estatal ordenó el arresto de Ramírez cuando este no se presentó a una vista. Pero Ramírez, que podía ser condenado a cadena perpetua de ser hallado culpable, fue deportado la semana pasada, según el ICE.
“La víctima no puede buscar que se haga justicia en un tribunal, y el acusado tampoco puede buscar justicia” si es inocente, declaró la portavoz de la fiscalía Carri Kimball-Monahan.
El abogado de Ramírez no respondió a una llamada telefónica de la AP.
Al menos un juzgado en Connecticut está empleando videollamadas para permitir a los detenidos participar en sus vistas porque están presos en Alabama, según Elisa Villa, subjefa de los abogados de oficio. Indicó que rara vez el ICE permite que los detenidos se presenten en tribunales estatales de Connecticut.
Lo peor de todo es que las acusaciones de delitos penales son a menudo usadas en contra de los arrestados en sus casos ante los tribunales de inmigración, de acuerdo con varios abogados contactados por la AP.
El abogado de Connecticut Anthony Collins dijo que un juez de inmigración se negó hace poco a liberar a su cliente bajo fianza y a aprobar una solicitud que hubiese impedido su deportación porque el hombre estaba acusado de alterar el orden público.
Para que su cliente fuese entregado a la custodia del estado y pudiese ser juzgado, dijo Collins, tuvo que asegurar que el hombre no quedaría en libertad bajo fianza hasta que su caso fuese asignado a alguien y que se notificaría al ICE cuando eso sucediese, para que pudiese ser colocado nueva mente bajo custodia federal.
La deportación es una buena noticia para alguien que se expone a ser condenado a cadena perpetua. Pero no permitir que alguien resuelva su caso –que a veces involucra una falta menor de la que puede ser inocente– antes de ser deportado puede impedir que regrese al país legalmente, señalan los abogados.
Esa fue la inquietud de Samuel Pensamiento, acusado de huir del lugar de un accidente y a quien se le impidió presentarse ante un juzgado hasta que intervino la Unión de Libertades Civiles de Massachusetts.
