Por agencia/dpa
Ciudad de México
La amnistía para delincuentes planteada por el líder para las elecciones presidenciales del 1 de julio en México Andrés Manuel López Obrador excluye a asesinos y responsables de delitos de lesa humanidad, dijo una de sus asesoras.
«No serían destinatarios de esta norma los grandes criminales o los que hayan cometido delitos graves», dijo en una entrevista que publica hoy el diario «Reforma» Olga Sánchez Cordero, designada por López Obrador como su eventual ministra del Interior.
López Obrador, un político nacionalista de izquierda que fue alcalde de Ciudad de México, ha sido hasta ahora poco preciso en cuanto a los alcances que tendría la amnistía.
Sólo ha señalado que sería resultado de un gran diálogo nacional y previa consulta a las víctimas.
En México hay cerca de 35 mil desaparecidos y se registraron más de 100 mil asesinatos desde 2012, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
La exjueza de la Suprema Corte de Justicia, de 63 años, dijo que no se trataría de un indulto sino de una ley de amnistía aprobada por el Congreso como estrategia para pacificar al país.
«Hay delitos en las convenciones internacionales que México ha suscrito y criterios de la Corte Interamericana y de Estrasburgo que no admiten entrar en la ley de amnistía», señaló.
Sánchez Cordero dijo que entre las exclusiones están la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las violaciones.
En cambio, la amnistía beneficiaría a quienes hayan trabajado para el narcotráfico sin incurrir en delitos graves, en actividades como la cosecha y trasiego de droga. Según señaló, algunos delincuentes podrían abandonar la cárcel.
«Es una estrategia de pacificación, para transitar a una paz social y una recomposición del tejido social. Es justicia transicional, donde la víctima es el eje fundamental», afirmó.
La amnistía abarcaría los últimos tres Gobiernos desde el 1 de diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón puso en marcha una estrategia militarizada contra el crimen organizado, hasta el 31 de diciembre de 2018.
«Las víctimas van a tener cuatro derechos fundamentales», dijo Sánchez Cordero. «Conocer la verdad, saber qué pasó con sus familiares, acceso a la Justicia, un mecanismo para la no repetición y por supuesto la reparación del daño».
En las elecciones del 1 de julio competirán cinco candidatos por la Presidencia. López Obrador tiene una ventaja en las encuestas, que en algunos casos supera los 20 puntos, por delante del también opositor Ricardo Anaya.
Detrás de Anaya, postulado por una alianza de centroderecha y centroizquierda, está el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el poder) José Antonio Meade. Los otros candidatos son los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, «El Bronco».
