POR AGENCIAS AP
Organizaciones humanitarias y opositores exigieron el jueves a las autoridades venezolanas que avancen en la investigación y determinen las responsabilidades por la muerte de 68 personas, en su mayoría reclusos, en un incendio en los calabozos de una estación policial.
El incidente en el comando general de la policía del estado central de Carabobo, considerado la segunda mayor tragedia registrada en un centro de detención desde 1994, fue condenado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las principales organizaciones humanitarias del país. Provea expresó en su cuenta de Twitter que la «indolencia del gobierno» ante la situación de los presos «produce muertes».
Asimismo, Humberto Prado, director de la organización Observatorio Venezolano de Prisiones, exhortó en su cuenta de Twitter a la Defensoría del Pueblo a que exija al gobierno que adopte medidas urgentes frente a la “grave situación” que atraviesan los centros policiales y pida sanciones para los responsables de los hechos.
Prado recordó que la constitución impone la obligación al Estado de preservar la vida de toda persona presa.
El fiscal general Tarek William Saab informó la víspera que 68 personas perecieron en el incendio de las celdas del comando policial de Carabobo. Entre los fallecidos estaban dos mujeres que pernotaban en el lugar, indicó Saab sin ofrecer más detalles.
El Ministerio Público nombró cuatro fiscales para investigar el caso.
La organización local Una Ventana a la Libertad, que defiende los derechos humanos de los reos, indicó en un comunicado que según versiones extraoficiales el incidente ocurrió cuando unos detenidos despojaron de su arma a un guardia, que resultó herido en la pierna. En medio del motín se generó un incendio que alcanzó las colchonetas de las celdas, lo que expandió rápidamente el fuego.
Varias decenas de familiares de los presos tomaron el miércoles los alrededores de la comandancia general de la policía, ubicada en el centro de la ciudad de Valencia, para exigir a las autoridades información sobre los detenidos. La policía lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos del lugar, que fue tomado por decenas de funcionarios de los cuerpos de seguridad.
Desde hace varios años las organizaciones humanitarias han venido alertando sobre la compleja situación de los centros policiales venezolanos donde se estima que están recluidos más de 1.000 presos. El proceso de traslado de los detenidos desde las comisarias a las cárceles se demora debido a trabas administrativas y procesales.
De acuerdo con registros de Una Ventana a la Libertad en los calabozos de los centros policiales hay un hacinamiento de 300% que supera ampliamente el de las cárceles.
Carlos Nieto, director de Una Ventana a la Libertad, denunció recientemente que la situación en los centros policiales se ha complicado debido a que los reclusos permanecen más de 48 horas, que es lo que establece la ley, y sostuvo que esas instalaciones no tienen capacidad ni recursos para mantener largos períodos a los detenidos. «En Venezuela los privados de libertad se están muriendo de hambre porque estos cuerpos policiales no tienen sustento para darle comida a los reclusos”, agregó.
Venezuela cuenta con una treintena de cárceles donde la población, que alcanza cerca de 50.000 reclusos, enfrenta serios problemas de hacinamiento y violencia generada por bandas que controlan internamente los penales y trafican armas y drogas.
En 1994 se registró la mayor tragedia carcelaria cuando perecieron 108 reclusos en un incendio en una cárcel de la ciudad occidental de Maracaibo.
