Madrid
DPA

La exdiputada del partido catalán CUP Anna Gabriel, investigada por el proceso independentista, será detenida si regresa a España desde Suiza, país al que se trasladó hace unos días para evitar una posible orden de encarcelamiento en su país.

El juez que investiga el llamado «procès» catalán, Pablo Llarena, ordenó hoy su arresto tras comprobar que no acudió a declarar al Tribunal Supremo, donde estaba citada como imputada en la causa.

Aunque la Fiscalía había pedido una orden internacional de búsqueda y captura, el magistrado español la limitó al ámbito nacional obviando así una posible petición de extradición a Suiza.

Desde Ginebra habían avanzado que el país «no concede la extradición ni ninguna otra forma de asistencia judicial para delitos políticos». «Tampoco llegó desde España un pedido de este tipo», confirmó a dpa Folco Galli, portavoz del Departamento suizo de Justicia y Policía.

Gabriel aseguró hoy en una entrevista al canal catalán TV3 que en caso de que España reclamara su extradición, pediría «asilo» a Suiza.

«Es evidente que no ha habido rebelión armada y violenta y, por tanto, el fundamento de los delitos que se nos pretenden atribuir no existen, es una persecución política», aseguró.

La situación de la exdiputada del partido separatista Candidatura de Unidad Popular (CUP) es ahora similar a la del exjefe del Gobierno catalán Carles Puigdemont, quien tras ser destituido en octubre por Madrid se marchó a Bélgica, donde continúa.

Como él, otros cuatro exmiembros de su gabinete se encuentran en situación similar en este país europeo.

En el auto dictado hoy, el juez Llarena señaló que Gabriel no asistió a su cita judicial en el Tribunal Supremo y que su defensa presentó un escrito en el que destacaba que su intención era permanecer en la ciudad suiza de Ginebra, a la que se trasladó el fin de semana.

La exdiputada es una de las figuras más destacadas del partido Candidatura de Unidad Popular (CUP), cuyo apoyo fue clave para el Gobierno catalán de Carles Puigdemont en la pasada legislatura.

Con su traslado a Suiza buscó evitar una orden de prisión preventiva contra ella similar a la que recibieron otros separatistas catalanes, como el líder del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras.

Gabriel aseguró a un periódico suizo ayer que buscó «un país que pueda proteger» sus «derechos» al entender que en España no tendría «un juicio justo». «Voy a intentar trabajar e instalarme aquí (en Suiza). Si no puedo porque hay una orden de extradición, pediré asilo político», señaló a los micrófonos de la televisión suiza RTS.

Desde el Gobierno español tildaron ayer de «gravísima irresponsabilidad» la huida de la exdiputada separatista y calificó su gesto de «ejemplo profundamente antidemocrático».

 

 

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