Por LARRY NEUMEISTER
NUEVA YORK
AP
El gobierno del presidente Donald Trump no ofreció “argumentos jurídicamente adecuados” para poner fin a un programa que protege de la deportación a miles de jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, determinó ayer un juez federal de Nueva York que ordenó que el programa siga vigente.
El juez federal de distrito Nicholas Garaufis dijo en su orden que el mandatario republicano “indiscutiblemente” tiene la autoridad para poner fin al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés), pero que al hacerlo se sustentó en posicionamientos legales deficientes.
“El gobierno de Trump debería tener la capacidad para alterar las políticas y prioridades impuestas por su predecesor”, señaló Garaufis.
El juez dijo que su orden no obliga al gobierno a aprobar ninguna solicitud particular para el DACA ni peticiones de renovación.
El fallo correspondió a las demandas presentadas por grupos defensores de los inmigrantes, junto con 15 estados y el Distrito de Columbia.
El portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, dijo que la orden no cambia la posición del gobierno de que el DACA se aprobó “soslayando ilegalmente al Congreso”.
“El DACA fue puesto en marcha en forma unilateral después de que el Congreso se negó a extender estos beneficios a este mismo grupo de extranjeros ilegales”, afirmó O’Malley.
El Departamento de Seguridad Nacional “actuó en el ámbito de su autoridad legal para decidir la terminación del DACA en una manera ordenada” y espera reivindicar su posición en futuras contiendas judiciales, agregó.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, ha dicho que la decisión del entonces mandatario Barack Obama para implementar el DACA fue un ejercicio anticonstitucional de su autoridad.
Los beneficiarios del programa, los llamados dreamers, fueron traídos sin autorización cuando eran niños a Estados Unidos o llegaron con familias que se quedaron en el país aun cuando habían vencido sus visas.
“El fallo de hoy me da esperanza a mí y a los dreamers en todo el país”, afirmó Eliana Fernández, una demandante en el caso. “Nos emociona este interdicto preliminar”.
Karen Tumlin, directora jurídica del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo que la manera como Trump decidió poner fin al DACA “no solo fue inmoral, sino ilegal”.
