LIMA
AP
Con velas, flores y carteles, diversos activistas y familiares de seis peruanos asesinados en 1992 durante el gobierno del indultado expresidente Alberto Fujimori iniciaban una vigilia frente a una sala judicial que hoy realizará una audiencia para decidir si el exmandatario volverá a ser juzgado por un crimen que podría llevarlo por segunda vez a prisión.
Los seis vecinos de la localidad limeña de Pativilca fueron ejecutados por un grupo clandestino de militares financiados con dinero público que actuaban de manera clandestina bajo el conocimiento de Fujimori, según la acusación del fiscal Luis Landa, quien en julio de 2017 solicitó ante los jueces una sentencia de 25 años de prisión para el expresidente.
Fujimori cumplía desde 2007 otra sentencia de 25 años de cárcel por el asesinato de 25 peruanos que fue cometido por el mismo grupo de militares. Sin embargo, su condena fue perdonada horas antes de la Navidad a través de un «indulto humanitario» que otorgó el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski, lo que desató una ola de protestas de miles de peruanos.
Kuczynski además excluyó a Fujimori de la matanza de los vecinos de Pativilca mediante «un derecho de gracia» presidencial, un hecho que ha sido cuestionado por los familiares de las víctimas y por juristas ajenos a las partes que consideran que el poder del presidente no puede interrumpir una investigación judicial.
Amnistía Internacional dijo en un comunicado que Perú tiene una «oportunidad histórica para poner fin a la impunidad creada por la decisión del presidente Kuczynski de conceder la gracia a Alberto Fujimori, la cual viola el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la masacre de Pativilca».
La defensoría del pueblo de Perú dijo el miércoles que el indulto de Kuczynski a Fujimori no cumple con las exigencias jurídicas mínimas para excarcelarlo de «delitos muy graves».
