Por DÁNICA COTO
SAN JUAN, Puerto Rico
AP
Aylsa Torres suspiró de alivio cuando recibió una carta del banco dos semanas después del paso del huracán María. Como miles de puertorriqueños, tenía acceso a una moratoria de tres meses en los pagos de su hipoteca mientras el territorio estadounidense trataba de recuperarse de la destructiva tormenta.
Creyéndose libre por un tiempo de esas obligaciones financieras, la funcionaria de 46 años liquidó sus ahorros para comprar un generador de 750 dólares y reparar daños causados por la tormenta por valor de 786 dólares. Pero cuando Torres visitó su banco en diciembre, explicó, se quedó conmocionada al saber que se había retrasado en los pagos y que la institución amenazaba con desahuciarla y arruinar su calificación crediticia.
La confusión y el pánico se extienden por el territorio estadounidense, donde este mes expira la mayoría de los acuerdos de moratoria. Muchos están descubriendo que no cumplían los requisitos para la moratoria desde un principio o tienen problemas para conseguir prórrogas porque no pueden pagar lo que deben a los bancos.
“Es una cosa bien frustrante”, dijo Torres. “Tú te sientes que todo el mundo te cierra la puerta en la cara. Nadie tiene un interés genuino en ayudarte”.
Expertos legales señalan que esta escena se repetirá en las próximas semanas y meses, en una isla que ya registraba un brusco aumento de los desahucios antes del huracán debido a una recesión de 11 años que ha forzado al gobierno a aplicar medidas de austeridad.
Aún peor, señalan los expertos, es que muchos puertorriqueños dejaron de pagar las cuotas de su hipoteca tras la tormenta del 20 de septiembre porque pensaban que la moratoria era automática, cuando no era el caso. La tormenta cortó el suministro eléctrico en toda la isla, el peor apagón en la historia de Estados Unidos, lo que impidió que mucha gente se enterase de que tenía que contactar con su banco para solicitar una moratoria, explicó Ariadna Godreau, profesora y abogada de derechos humanos.
“La gran preocupación ahora es que esas ejecuciones de hipoteca se van a disparar. Vamos a ver más gente sin casa, más casas reposeídas”, indicó.
A lo largo de casi una década, el número de casas embargadas en Puerto Rico pasó de más de 2 mil 300 en 2008 a más de 5 mil 400 en 2016, y se estima que unas 6 mil 200 o más el año pasado.
