POR ALMUDENA CALATRAVA/AP
Buenos Aires
Un juez federal argentino pidió hoy el desafuero de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío en 1994 y traición a la patria, uno de los delitos más severamente castigados por la ley.
A su vez el magistrado dispuso el procesamiento del excanciller Héctor Timerman y su arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud y los procesamientos con prisión preventiva del exsecretario Legal y Técnico de la presidencia Carlos Zannini y del dirigente social Luis D’Elía, quienes fueron arrestados en la madrugada de hoy por fuerzas de seguridad acusados de los mismos delitos, dijo a The Associated Press el fiscal de la causa Eduardo Taiano.
Otro de los procesados y detenidos es Jorge Khalil, integrante de la comunidad iraní en Argentina, mientras que el juez ordenó el arresto del dirigente social izquierdista Fernando Esteche, quien permanece prófugo.
Taiano dijo a la AP que las detenciones obedecen a “la gravedad de los delitos que se imputan”. El delito de traición a la patria contempla una pena de entre 10 y 25 años y el de encubrimiento un máximo de seis.
Además, Bonadío procesó sin prisión preventiva por los mismos delitos al exsecretario de la presidencia y extitular del servicio de inteligencia Oscar Parrilli, a varios exfuncionarios de inteligencia y a la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros, y los convocó para “que se presenten en este tribunal, dentro de las 48 horas de anoticiados, con el objeto que se notifiquen personalmente de la presente resolución”, señaló el juez en su resolución difundida por el Centro de Información Judicial.
Fernández juró como senadora nacional la semana pasada en representación de una coalición centroizquierdista para un periodo de seis años. Para poder ser detenida como requiere el juez se necesita que el Senado le retire los fueros parlamentarios con el voto de los dos tercios de los integrantes de esa cámara.
Si no se produce el desafuero, el juez podrá seguir investigándola e incluso enviarla a juicio ya que la inmunidad parlamentaria sólo la protege del arresto.
En una presentación ante el juez Bonadío en octubre la exmandataria (2007-2015) negó en un escrito haber protegido a los exfuncionarios y ex diplomáticos iraníes acusados del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) como había denunciado en 2015 el fiscal Alberto Nisman poco antes de aparecer muerto en extrañas circunstancias.
Nisman denunció el 14 de enero de 2015 a todos los exfuncionarios y allegados a Fernández contra los que ha actuado Bonadío. Cuatro días después fue hallado muerto de un tiro en la cabeza en su departamento de Buenos Aires, lo que recientemente fue considerado por la justicia federal como un homicidio.
La denuncia de Nisman contra Fernández y el resto de los imputados fue desestimado en distintas instancias judiciales pero el máximo tribunal penal del país ordenó su reapertura a fines de 2016.
La exmandataria ha defendido públicamente ese acuerdo como una forma de avanzar en la pesquisa del atentado, que sigue irresuelto. El convenio fue aprobado por el Parlamento argentino pero luego fue declarado inconstitucional por la justicia.
