POR AGENCIAS/DPA
Madrid, España
El destino del expresidente catalán Carles Puigdemont y de cuatro exconsejeros podría quedar algo más claro a partir de mañana viernes, cuando está prevista su comparecencia ante la Justicia belga, que debe decidir si los entrega o no a España para ser juzgados por delitos derivados del proceso independentista.
La audiencia en la Cámara del Consejo -un tribunal instructor de primera instancia- prevista a las 14:00 horas locales será, sin embargo, a puerta cerrada y es posible que no haya imágenes ni de Puigdemont ni de sus exministros regionales.
Se trata de Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritzell Serret y Cluís Puig, ex responsables respectivamente de las carteras de Salud, Enseñanza, Agricultura y Cultura en el Ejecutivo catalán destituido por el Gobierno español el 27 de octubre.
Ese día, el Gobierno español intervino la autonomía de la región, horas después de que el Parlamento catalán aprobara una declaración para abrir un proceso de independencia. Madrid disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones para el 21 de diciembre.
QUÉ CONOCERÁ EL TRIBUNAL
Lo que el tribunal instructor belga estudiará mañana será la orden de detención europea remitida desde España después de que los políticos catalanes no se presentasen a declarar. Todo indica que el proceso será largo y que habrá que esperar antes de que haya pasos definitivos.
Tras escuchar los argumentos de la defensa y la Fiscalía, el juez de la Cámara del Consejo podría responder de diversas formas: una opción es que adopte directamente una decisión sobre la entrega de los políticos para ser procesados en España. Fuentes en Bruselas lo consideran poco probable y de hacerlo, cabrían aún hasta dos recursos posibles, uno ante un tribunal de apelación y otro de casación.
Otra opción es que tras escuchar a Puigdemont y sus consejeros, se tome unos días antes de dar su dictamen -lo habitual suele ser en torno a diez, señala hoy la prensa española-, y una tercera es que convoque otra vista más adelante antes de pronunciarse. Y ahí empezaría a contar el plazo para las posibles apelaciones.
Según la Justicia europea, el país ejecutor tiene 60 días desde la fecha del arresto para tomar una decisión final sobre la entrega, pero bajo circunstancias excepcionales este plazo puede extenderse otros 30 días, hasta un total de 90. Pero algunos expertos apuntan la posibilidad de mayores dilaciones.
Una vez existiera una decisión en firme, Bélgica tendría diez días para realizar la entrega.
