POR ARITZ PARRA
Madrid
Una juez española deliberaba hoy si emite una orden internacional de arresto contra el destituido expresidente regional de Cataluña, tras ordenar prisión para nueve exmiembros del gobierno independentista de la región el día anterior.
El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont huyó a Bruselas esta semana después de que las autoridades españolas destituyeran al gobierno catalán por seguir adelante con sus planes de secesión pese a las advertencias reiteradas de que era ilegal.
Si se emite una orden de detención, Puigdemont combatirá la extradición sin pedir asilo político, según su abogado belga.
Por otro lado, un panel de jueces de la Audiencia Nacional también estudia una apelación para liberar a dos activistas catalanes encarcelados este mes en una investigación por sedición.
El líder de Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y Jordi Cuixart, de Omnium Cultural, están siendo investigados por supuestamente orquestar protestas a mediados de septiembre que entorpecieron los esfuerzos por impedir un referendo de independencia ilegal.
Puigdemont estaba citado ayer en la Audiencia Nacional española para declarar en un caso por rebelión presentado por la fiscalía española, pero no se presentó.
La juez instructora Carmen Lamela envió a prisión sin fianza el jueves al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros del gobierno regional.
Hoy se ordenó la liberación de Santi Vila, exconsejero de Empresa en el gobierno catalán, después de que presentara una fianza de 50 mil euros (unos 58 mil dólares). Su pasaporte fue confiscado y tendrá que presentarse de forma habitual en un tribunal mientras prosigue la pesquisa por rebelión, sedición y malversación.
Vila renunció a su cargo como protesta un día antes de que el parlamento catalán votara a favor de una declaración de independencia el 27 de octubre.
La fiscalía también pidió una orden internacional de arresto contra Puigdemont. Según la legislación española, los jueces instructores pueden ordenar la detención preventiva de los sospechosos mientras se desarrolla una pesquisa, que en ocasiones puede llevar meses, para determinar si se pueden presentar cargos en su contra.
