Washington
DPA
Un día después de que una corte federal de Estados Unidos ordenara a la Administración de Donald Trump que permitiera el aborto de una menor indocumentada bajo su custodia, la adolescente interrumpió hoy su embarazo sin dar tiempo a que el Gobierno federal pudiera apelar la decisión judicial.
Fue ACLU, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la que informó de que el aborto había tenido lugar. La organización ha defendido desde el principio el derecho de la inmigrante a interrumpir voluntariamente su embarazo.
La joven, identificada en los documentos judiciales como «Jane Doe» para proteger su intimidad, tiene 17 años y estaba embarazada de casi 16 semanas. Según medios estadounidenses, es originaria de Centroamérica, entró en Estados Unidos en septiembre y supo de su embarazo mientras se encontraba bajo custodia federal en Texas.
Su caso lleva días en los titulares de prensa de Estados Unidos. «La justicia prevaleció hoy para Jane Doe. Pudo abortar temprano esta mañana», indicó en Twitter ACLU, una de las organizaciones de defensa de los derechos civiles más importantes del país.
«Tomé mi decisión y es entre Dios y yo. Durante todo este tiempo, no he cambiado de opinión nunca», indicó la joven en un comunicado distribuido por ACLU. «He estado esperando durante más de un mes desde que tomé mi decisión».
Un juez de Texas concedió a la menor el 25 de septiembre el permiso para abortar sin tener el consentimiento de los padres y tres días después se fijó cita para la interrupción del embarazo.
La oficina del Departamento de Salud responsable de los menores indocumentados y no acompañados que cruzan la frontera se negó entonces a llevarla a la intervención aduciendo que la política de la institución es la de no facilitar abortos. A partir de ahí, los abogados de la menor llevaron el tema a los tribunales.
El pasado viernes, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington, paralizó temporalmente el aborto, conminando a la menor a encontrar en 11 días un tutor para poder someterse a la intervención.
Ayer, esa Corte, reunida al completo, revirtió la decisión y determinó por seis votos a favor y tres en contra que debían fijarse nuevas fechas para que la inmigrante pudiera someterse a una interrupción voluntaria del embarazo.
La decisión podía ser, no obstante, apelada aún por el Gobierno de Trump ante la Corte Suprema. El temor de sus abogados era que si eso ocurría, se pudiera superar el plazo legal de las 20 semanas en el que Texas permite abortar y tuviera que ser trasladada a otro estado.
Las leyes de Texas también fijan que una mujer solo puede someterse a un aborto voluntario cuando hayan pasado 24 horas de una cita en la que habla de ello con un médico. La menor ya había pasado por ese trámite.
