Por CÉSAR GARCÍA
BOGOTÁ
Agencia (AP)
El presidente Juan Manuel Santos pidió ayer a la fiscalía colombiana aclarar e investigar qué pasó el jueves en una zona del departamento de Nariño, donde murieron seis campesinos y otros 19 resultaron heridos. Mientras el Estado atribuyó el ataque a disidentes de las FARC, los campesinos aseguraron que las autoridades les dispararon de manera “indiscriminada” mientras protestaban por la erradicación manual de cultivos de hoja de coca en esa zona.
El incidente muestra los retos en materia de seguridad que enfrenta Colombia para erradicar las zonas de cultivo de hoja de coca en los 32 departamentos del país. Este mercado podría ser atractivo para disidentes de la guerrilla y grupos criminales incluso a más de un año de la firma de paz entre el gobierno y los guerrilleros.
“Lamentamos profundamente lo sucedido y al mismo tiempo condenamos en forma enfática estos hechos. No hay derecho que ciudadanos civiles estén siendo asesinados o muertos en esa forma”, declaró Santos. “Queremos que se llegue al fondo de este asunto y tengamos absoluta claridad sobre lo que sucedido”.
Señaló que hay dos sospechosos de esos hechos, de los que no dio mayores datos, y dijo que ofrecerán una recompensa de 150 millones de pesos (50.000 dólares) para quienes brinden información.
El vicepresidente Óscar Naranjo viajaba ayer a Tumaco para buscar soluciones a los problemas que vive esa región, especialmente por el problema de los cultivos ilícitos de hoja de coca, aseguró Santos.
Jorge Restrepo, experto del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (un ente privado con sede en Bogotá), dijo a The Associated Press que lo sucedido en Nariño es muy grave. “Es un riesgo enorme que existía, que se materializó. Es que los programas de erradicación forzosa se acompañarán de violencia y en este caso era esperable, pero no a esta escala y con esta rapidez… en la cual la población (es) la que está poniendo las vidas de estos programas de erradicación”.
En la víspera el Ministerio de la Defensa publicó un comunicado en que atribuyó el ataque a disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ayer, el ministro de esta dependencia, Luis Carlos Villegas, volvió a rechazar los actos de violencia y a una televisora local reiteró que presuntos disidentes de la guerrilla serían los autores de las agresiones. Asimismo, destacó que el grupo sería liderado por “Guacho”, un ciudadano ecuatoriano que posee miles de hectáreas de cultivos en la frontera con Ecuador y le generan ingresos ilícitos.
“Guacho” fue uno de los sujetos que mencionó el mandatario como sospechoso.
En noviembre de 2016, delegados del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC llegaron a un acuerdo de paz luego de más de cuatro años de negociaciones. El Ministerio de la Defensa ha señalado que tras la firma del acuerdo unos 400 miembros de la guerrilla son disidentes.
En contraste con la información difundida por las autoridades sobre lo sucedido en Nariño, dos líderes comunales de la zona afectada han declarado que la versión del gobierno es falsa. Según Elier Martínez, de la zona afectada El Tandil, Puerto Rico, él estuvo ahí en la víspera y la policía fue quien inició los disparos. En conversación telefónica con The Associated Press, Martínez dijo que acompañó a unos mil campesinos que formaban un cordón humanitario para evitar que la policía continuara con la erradicación de los cultivos y las autoridades empezaron a dispararles “indiscriminadamente”.
“En el sitio murieron cinco campesinos y se evacuaron 18 heridos en helicóptero. Posteriormente hicimos un barrido en varios centros médicos de Tumaco y han muerto cuatro de los heridos, para un total de nueve”, aseguró.
Martínez precisó que el viernes se espera en la zona la llegada de un delegado de Naciones Unidas y el vicedefensor del pueblo, Jorge Calero, para constatar qué ocurrió. Por su parte, el comandante de la tercera división del ejército colombiano, Luis Fernando Rojas, también señaló que se investigará lo sucedido. En diálogo con la cadena local Bluradio indicó que se tomarían en cuenta las denuncias de los campesinos y se harían pruebas a las armas de policías y soldados para verificar si ellos “contestaron al fuego enemigo”.
La oficina en Colombia del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos también mostró su preocupación y en un comunicado señaló la falta de claridad ante lo sucedido. El documento también decía que se “continuará trabajando en el acompañamiento, monitoreo y análisis de los hechos”.
