Por Néstor Rojas Mavares
Caracas
DPA
Barricadas, gases lacrimógenos, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad: De abril a julio esas fueron las escenas que marcaron el día a día de Venezuela. Mañana, sin embargo, se cumplen dos meses sin las imágenes de las protestas de la oposición contra el gobierno de Nicolás Maduro que diariamente daban la vuelta al mundo. Y eso que la crisis del país sigue viva y marchando como aplanadora.
Las marchas comenzaron hace casi seis meses, el 4 de abril, con unos episodios más violentos que otros, y dejaron 123 muertos hasta el 30 de julio. La chispa del descontento la encendió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con dos sentencias que despojaron de sus atribuciones legales a las Asamblea Nacional, el Congreso de mayoría opositora.
Durante las protestas, que se apagaron justo cuando el país votaba la controvertida Asamblea Constituyente promovida por el presidente venezolano, la oposición ensayó diversas formas de protesta buscando debilitar las bases de apoyo del Gobierno bolivariano. Éste, sin embargo, contó con unas Fuerzas Armadas dispuestas a contener las protestas y evitar que las marchas llegaran al centro de Caracas, una meta que los opositores no llegaron a alcanzar.
Maduro jugó la carta de la Constituyente, pero al no llevar a cabo una consulta para que el pueblo decidiera si se activaba o no ese mecanismo, perdió legitimidad. De hecho, unos 40 países la desconocieron, mientras que Estados Unidos desplegó su arsenal de sanciones contra miembros del Gobierno.
Además de los muertos, las protestas dejaron huellas que aún permanecen en los escenarios de los choques, los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo, todos en el este de la ciudad. Pero no se trata sólo de grafitis con insultos a Maduro y sus ministros del Interior, Néstor Reverol, y de Defensa, general Vladimir Padrino, en los muros.
También hubo consecuencias políticas: Los alcaldes de Chacao, Ramón Muchacho, y de El Hatillo, David Smolaski, fueron destituidos y encausados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que los condenó a 15 meses de cárcel por desconocer la orden de impedir las protestas. Ambos políticos rechazaron entregarse y huyeron del país.
En las últimas semanas grupos de manifestantes intentaron reactivar las protestas, pero la policía de Chacao, intervenida por el Gobierno, y la Guardia Nacional (policía militarizada) actuaron de inmediato para anular los focos de disturbios.
Mientras, la crisis sigue sin salida. Maduro rechazó adelantar las elecciones presidenciales programadas para finales de 2018 y la economía está azotada por la dinámica de decrecimiento con inflación, rumbo a la hiperinflación.
Mientras, las conversaciones entre el gobierno y la oposición en República Dominicana están estancadas. El miércoles debía tener lugar una segunda ronda, pero la delegación opositora declinó asistir por considerar que no se dan de momento las condiciones para para continuar las conversaciones.
