Por CIARAN GILES
MADRID
AP

España enviará refuerzos policiales a Cataluña para mantener el orden y actuar si se lleva a cabo un referendo sobre la independencia que es considerada ilegal por las autoridades centrales, dijeron fuentes oficiales.

En tanto, crecía la tensión entre las autoridades en Madrid y Barcelona en torno al referendo. La Guardia Civil arrestó a una decena de funcionarios regionales e incautó 10 millones de boletas. Las autoridades catalanas insisten que la consulta del primero de octubre se realizará. Los dos bandos se acusan mutuamente de conducta ilegal y antidemocrática.

El ministerio del Interior dijo en un comunicado que se enviará agentes a reforzar la policía regional catalana, los Mossos d’Esquadra, que también tiene órdenes de impedir el referendo.

El ministerio central dijo que se había advertido al ministerio del Interior catalán. No dijo cuántos agentes enviaría. Tres transbordadores en el puerto de Barcelona servirán de alojamiento para los agentes.

En tanto, un juez catalán ordenó la libertad con restricciones de seis personas arrestadas el miércoles en la represión de los preparativos del referendo. Los seis se negaron a declarar, de acuerdo con un comunicado.

Se les investiga por desacato, abuso de poder y defraudación en relación con el referendo y deben comparecer ante la corte una vez por semana.

Cientos de manifestantes independentistas se habían concentrado ante el tribunal para reclamar la libertad de los detenidos.

La protesta en la localidad nororiental de Hospitalet de Llobregat es una extensión de la iniciada el día anterior ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la cercana Barcelona, a la que asistieron miles de personas. Un grupo independentista dijo que había unas 2 mil 500 personas en la protesta en Hospitalet.

Muchos de los manifestantes en Barcelona pasaron la noche ante la sede judicial, durmiendo en tiendas o hamacas tendidas entre farolas.

El grupo civil Asamblea Nacional Catalana pidió que se mantengan las protestas hasta que los al menos 12 funcionarios y miembros del gobierno regional detenidos el miércoles sean liberados.

El gobierno central español considera ilegal el referendo de independencia convocado por la Generalitat catalana. La Corte Constitucional ordenó suspenderlo a la espera de su fallo.

 

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