Por DÉBORA REY
BUENOS AIRES
AP
La mirada de Santiago Maldonado incomoda a Argentina.
El joven de 28 años que desapareció hace un mes en la Patagonia durante un operativo de las fuerzas federales, según denunció la familia, se ha convertido en un problema político para el gobierno de Mauricio Macri, que todavía no pudo dar con su paradero y es acusado por organismos de derechos humanos de encubrir a los responsables.
La fotografía de Maldonado, de ojos claros y barba tupida, acompañada por la frase “¿Dónde está Santiago?” también inquieta a una sociedad que tiene latente en su memoria las atrocidades cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983) y que con la democracia ya restablecida padeció otros casos de desaparición de personas por el accionar de las fuerzas de seguridad.
Organizaciones sociales y políticas convocaron para hoy a una manifestación en la histórica Plaza de Mayo y otros puntos del país para exigir su aparición con vida, un reclamo con el cual se solidarizaron el exastro Diego Maradona, el técnico del seleccionado argentino Jorge Sampaoli y el compositor ganador del Oscar Gustavo Santaolalla, entre otros, y miles de ciudadanos a través de las redes sociales.
Los familiares de Maldonado denunciaron que el joven fue detenido el 1 de agosto por agentes de la Gendarmería -la policía de fronteras- durante el desalojo de miembros de una comunidad mapuche que cortaban una ruta en la provincia de Chubut, unos 1,800 kilómetros al suroeste de Buenos Aires. Los mapuches reclaman como propias vastas extensiones de tierra que son propiedad de la compañía italiana Benetton.
“Mi sentimiento es que como no era mapuche se lo llevaron como una bajada de línea: Si venís de afuera te va a pasar esto”, afirmó Sergio Maldonado, hermano de Santiago, en una reciente entrevista.
Maldonado, que se gana la vida como artesano y tatuador, se solidarizó con la causa mapuche durante su estadía en el sur de Argentina.
La justicia investiga el caso como una desaparición forzada, entendida como la detención o secuestro por parte de agentes del Estado. No obstante, la fiscal del caso Silvina Ávila afirmó en un informe que se presentará ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) que no se encontraron pruebas de la participación de la Gendarmería en la desaparición.
Agregó que no hay testimonios confiables que responsabilicen a la fuerza y que en los primeros días de las pesquisas se estuvo muy cerca de un rastro, pero los propios mapuches impidieron continuar los trabajos al prohibir que perros rastreadores ingresaran a un territorio que consideran sagrado y hacia donde los canes se dirigían en busca del rastro de Maldonado.
Por otra parte, los miembros de la comunidad mapuche que relataron bajo condición de anonimato a los medios que Maldonado fue capturado por gendarmes no se presentaron ante el juzgado para ratificar sus dichos.
Aún no se oficializado los resultados de los peritajes hechos a vehículos y dependencias de la Gendarmería y siguen pendientes los análisis técnicos de las llamadas de los celulares de Maldonado, que no fueron hallados.
“No hay elementos firmes en la causa que puedan confirmar una desaparición forzada», apuntó el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, esta semana durante una exposición en el Congreso.
El caso tuvo como antecedentes en democracia las desapariciones, entre otras, de Luciano Arruga y Julio López. El primero, un adolescente de 16 años, fue detenido y torturado por la policía en 2009. Su cuerpo apareció cinco años después enterrado en una tumba anónima. López, por su parte, desapareció en 2006 poco después de declarar contra un exjefe de la policía en un juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La justicia sospecha que fue secuestrado y asesinado para amedrentar a testigos de causas similares. Sus restos nunca fueron hallados.
Con la fotografía de Santiago entre manos, su hermano admitió que “cada día que pasa es menos la esperanza”.
