CARACAS
AP
La Asamblea Constituyente aprobó el viernes un decreto en el que asumió las competencias legislativas del Congreso, controlado por la oposición, lo que hace prever que se agudizará la pugna entre los poderes en Venezuela.
Los constituyentes oficialistas votaron por unanimidad la medida que les permite “legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico, financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos”.
El decreto también los autoriza a dictar actos parlamentarios en forma de ley pero no impide a los congresistas continuar sesionando.
La Constituyente emitió el decreto luego de que la oficialista Asamblea Nacional se negó a comparecer ante el nuevo cuerpo al que considera “fraudulento”.
“Le daremos una lección histórica”, dijo la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, al asegurar que los congresistas están «obligados” subordinarse al poder constituyente. “Optaron nuevamente por la silla vacía, optaron nuevamente por la intolerancia, optaron nuevamente por el no reconocimiento”, agregó mientras era aplaudida por sus colegas constituyentes.
La mayoría opositora de la Asamblea Nacional anunció en un comunicado que no comparecería hoy ante la Constituyente, tal como lo hicieron en los últimos días los representantes de otros poderes, para lograr la ratificación en sus cargos.
«Rechazamos, desconocemos y no compareceremos ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y nos sometemos a la vigencia de la Constitución de 1999», indicó el Congreso en un escrito en el que acusó al nuevo cuerpo de actuar como un «poder de facto» y de ser la expresión de la «naturaleza hegemónica que pretende perpetuar a Nicolás Maduro».
En el comunicado los congresistas opositores hicieron un nuevo llamado a las fuerzas armadas para «defender» a la Constitución.
La Constituyente, integrada por 545 miembros oficialistas, se instaló el 4 de agosto tras unas elecciones en las que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) participaron ocho millones de electores.
Los comicios fueron cuestionados por opositores y la empresa de tecnología informática Smartmatic, que provee servicios al CNE, que denunció la supuesta manipulación de los resultados.
A las pocas horas de instalarse la Asamblea Constituyente destituyó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, enfrentada al gobierno y nombró en su lugar a Tarek William Saab, exdefensor del Pueblo.
Esta semana los constituyentes aprobaron el retiro de la inmunidad parlamentaria del diputado disidente del oficialismo Germán Ferrer, esposo de la fiscal general, quien fue acusado de dirigir una supuesta red de extorsión desde el Ministerio Público con el apoyo de dos fiscales y una exdirectora de despacho de Ortega Díaz. Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la captura de Ferrer para iniciarle un proceso por los supuestos delitos de corrupción, extorsión, asociación para delinquir y lavado de dinero.
La pugna entre los poderes se da en medio de la tensión desatada por las protestas antigubernamentales que llevan cuatro meses y que han dejado al menos 123 muertos y casi 2 mil heridos y una crisis económica dominada por una desbordada inflación de tres dígitos, severa escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos y una fuerte recesión económica.
