Por CHRISTINE ARMARIO, Associated Press
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió críticas desde el extranjero y enfureció a sus rivales políticos con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para reescribir la constitución de la convulsa nación sudamericana.
La elección de mañana, de la que saldrán los delegados de la asamblea, llega tras casi cuatro meses de protestas callejeras que causaron más de un centenar de muertos, y miles de heridos y detenidos.
Se han dado a conocer muy pocos detalles de los cambios constitucionales que podrían aplicarse. Pero aliados del dirigente socialista dicen que la asamblea señalará a los líderes opositores, generando advertencias sobre que Maduro podría emplear el proceso para instalar un régimen autocrático.
El mentor de Maduro, el fallecido expresidente Hugo Chávez, convocó unos comicios similares para reescribir la constitución poco después de su llegada al poder en 1999 pero, al contrario que el actual mandatario, celebró primero un referéndum para obtener la aprobación de los venezolanos. Algunos «chavistas» rechazaron esta iniciativa para cambiar la constitución, que ha polarizado más aún a un país profundamente dividido.
¿CÓMO SE ELEGIRÁN LOS DELEGADOS?
El Consejo Electoral Nacional, controlado por el gobierno, creó un sistema de votación poco ortodoxo que, según la oposición, favorece enormemente al partido gobernante.
La geografía jugará un papel decisivo en la elección de 364 delegados: en cada uno de los 23 estados saldrá un delegado por municipalidad, y dos en el caso de las capitales de estado.
Pero algunas de las regiones más pobladas tienen relativamente pocas municipalidades mientras otros más pequeños cuentan con más. Esto supone que un estado como Miranda, con casi tres millones de habitantes, tendrá cuatro representantes menos que Falcón, donde residen aproximadamente un millón de personas.
Los críticos señalan que este método favorece a las áreas rurales, donde Maduro es más popular, frente a las ciudades, que suelen decantarse del lado de la oposición, como ocurre en la capital del país, Caracas.
¿QUÉ PIENSAN LOS VENEZOLANOS DE ESTE PLAN?
Una encuesta realizada en junio por la firma venezolana Datanalisis señaló que solo el 23% de la población está a favor de la asamblea constituyente. Solo el 19% cree que una nueva constitución «garantizará la paz y estabilidad del país» como afirma Maduro. Casi la mitad considera que el objetivo de la asamblea es asegurar que el presidente se mantiene en el poder.
A principios de mes, más de 7,5 millones de venezolanos votan en un referéndum no oficial convocado por la oposición para rechazar los cambios en la carta magna.
Pero este dato no supone que los venezolanos no vayan a acudir a las urnas el domingo. Además de los oficialistas leales al gobierno, grupos de trabajadores estatales y organizaciones gubernamentales están siendo movilizados y presionados para votar.
¿QUÉ SE JUEGA EL GOBIERNO?
Su supervivencia.
Las recientes rupturas entre Maduro y cargos de alto nivel _como la oficialista fiscal general, Luisa Ortega Díaz_ y varios exministros del ejecutivo de Chávez indican la existencia de discordancias en el seno de la formación en el poder.
Realizar cambios radicales a la Constitución de 1999, elaborada por Chávez y considerada uno de sus principales legados, podría causar divisiones aún mayores, explicó John Magdaleno, director de consultora POLITY, con sede en Caracas.
Gobiernos extranjeros, incluyendo el de Estados Unidos, han amenazado con aislar todavía más al gobierno socialista.
¿CÓMO PODRÍA RESPONDER LA OPOSICIÓN?
El conflicto entre el gobierno y la oposición no terminará el domingo.
Una coalición de partidos opositores venezolanos propuso, aunque luego pareció retirar, un llamado a formar un «gobierno de unidad nacional» alternativo. Sin embargo, una iniciativa reciente de la Asamblea Nacional de nombrar a 33 magistrados para sustituir a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el ejecutivo, volvió a plantear la posibilidad de un posible gobierno paralelo.
Por el momento, los funcionarios alternativos designados por la oposición son cargos puramente simbólicos. Tres de los 33 magistrados nombrados fueron arrestados y los otros recibieron amenazas de detención y no pudieron ocupar sus puestos.
