BEIJING
agencia/AP
Un activista chino por la justicia social en las leyes que fundó una red civil salió de prisión hoy tras completar una condena de cuatro años de cárcel, informó su abogado.
Xu Zhiyong ayudó a fundar el Movimiento de Nuevos Ciudadanos, que en ese momento organizaba cenas mensuales para analizar la constitución de China y otros asuntos legales.
Xu fue liberado hoy por la mañana de una prisión en Beijing, precisó su abogado, Zhang Qingfang. Añadió que Xu estaba en buen estado de salud y que no tenía más detalles que compartir.
No estaba claro si, a pesar de su liberación, el movimiento creado por Xu continuaba restringido. Las autoridades chinas comúnmente colocan a los activistas considerados como políticamente delicados bajo alguna forma de arresto domiciliario a fin de evitar que hable públicamente. No fue posible localizar a Xu en su teléfono celular.
Xu fue condenado en enero de 2014 por interrumpir el orden público, un cargo definido tan vagamente que según los activistas ha sido utilizado para enjuiciar a los críticos del gobierno.
La detención de Xu en 2013 y su encarcelamiento fueron considerados como un golpe grave a los intentos del grupo para promover un ciudadano socialmente consciente de sus derechos que pueda exigir una mayor rendición de cuentas de las autoridades en cualquier cosa, desde la corrupción y la igualdad de derechos hasta la educación.
Deliberadamente, Xu y sus partidarios mantuvieron el movimiento sin estructurar en un intento por burlar la intolerancia cero del partido contra los movimientos organizados. Defendieron causas que estaban en línea con las propias metas declaradas del partido, pero la incipiente campaña de Xu se convirtió en un objetivo del gobierno después de que inspiró a gente de todo el país a reunirse en fiestas donde discutían temas sociales y ocasionalmente para realizar pequeños mítines y desplegar pancartas en lugares públicos.
Varios de sus partidarios también fueron sentenciados a prisión en 2014, en procesos que causaron preocupación entre los gobiernos occidentales y los grupos defensores de los derechos humanos. Diplomáticos estadounidenses y europeos hicieron intentos infructuosos de asistir a los juicios.
