Hamburgo/Berlín
Dpa
La ola de violencia y destrucción en la que se vio envuelta Hamburgo días atrás durante la cumbre del G20 ha hecho aumentar las voces que reclaman el cierre del «Rote Flora», un teatro ocupado desde 1989 y uno de los principales centros de la izquierda autónoma y anarquista de la ciudad portuaria alemana.
A pesar de que todavía no está claro el papel jugado por este colectivo en los disturbios, en las últimas horas, desde la Unión -el bloque conservador integrado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) que preside la canciller Angela Merkel y su ala bávara la Unión Cristianosocial (CSU)- exigieron el desalojo del edificio.
«En vista de los excesos de violencia y de la dimensión del desenfreno que degeneró en agresiones contra los agentes de Policía, así como en vista del vandalismo de los manifestantes de extrema izquierda y de la izquierda autónoma, entiendo que ahora es aconsejable que de forma urgente se lleve a cabo un desalojo forzoso del Rote Flora», declaró al diario «Bild» el portavoz de política Interior de la Unión, Stephan Mayer.
El alcalde de Hamburgo, Olaf Scholz, perteneciente al Partido Socialdemócrata (SPD), puso en cuestión la existencia del centro izquierdista, aunque dijo no ser favorable a un cierre inminente del edificio, que desde hace casi tres décadas se ha convertido en un punto de referencia para los antisistema de toda Alemania.
Situado en el barrio de Schanzeviertel, uno de los epicentros de los choques violentos que sacudieron a Hamburgo durante tres días y tres noches, el «Rote Flora» era uno de los colectivos que apoyaba la celebración de la manifestación bautizada como «Bienvenidos al infierno», la más temida por el caudal de vándalos que arrastraba.
«Las imágenes de Hamburgo marcan un punto de inflexión. Ahora, los llamados activistas de izquierda se han situado al nivel de los nazis violentos y por eso deben ser tratados exactamente de la misma manera», insistió por su parte el diputado Armin Schuster (CDU).
En declaraciones al diario regional «Passauer Neuen Presse», el criminólogo Christian Pfeiffer, alerta no obstante de las consecuencias que podría conllevar su cierre. «Eso acabaría desencadenando una lucha masiva», manifestó.
La presión ejercida desde la esfera política no amilana, sin embargo, a los activistas del «Rote Flora». Su cara más visible, el abogado Andreas Beuth, que ejerce como portavoz de los izquierdistas agrupados en torno al centro, condenó los ataques, distanciándose de la línea discursiva que hasta entonces venía manteniendo.
«Este tipo de acciones es violencia carente de sentido y han sobrepasado una línea», aseguró al diario local «Hamburger Abendblatt».
Tan solo unos días antes, Beuth había defendido en la televisión pública alemana que «como izquierdistas autónomos» en cierta medida sentían simpatía por este tipo de actos. «Pero por favor no en el mismo barrio en el que nosotros vivimos», precisó en este entonces.
Desde que el pasado sábado concluyó en Hamburgo la cumbre del G20, que dejó 476 policías heridos, 186 detenidos, 225 retenidos y 37 órdenes de arresto, además de un número aún no determinado de manifestantes heridos, el Gobierno de la canciller Angela Merkel intenta analizar las causas que llevaron a que, durante horas, en la ciudad del Elba no imperase la ley.
Mañana miércoles, el alcalde Scholz comparecerá en la Cámara de Representantes de la ciudad-Estado para dar una declaración de Gobierno. Desde la oposición, la CDU ha pedido su dimisión alegando que minimizó los riesgos que traía aparejados albergar la cumbre del G20 en la ciudad.
