Ciudad de México
DPA
La Fiscalía general mexicana anunció hoy la apertura de una investigación por presunto espionaje en perjuicio de periodistas y activistas de la sociedad civil con equipo que, según la empresa fabricante, sólo pueden adquirir los Gobiernos.
La investigación es «por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática», informó en un comunicado la Procuraduría General de la República.
Las investigaciones serán conducidas por la fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión.
El anuncio se da dos días después de que el diario estadounidense «The New York Times» revelara, a partir de una investigación del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que al menos 15 periodistas y defensores de derechos humanos sufrieron intentos de infección de sus teléfonos con el software Pegasus, que se apropia de su información.
Ese software, fabricado por la empresa israelí NSO Group, sólo se vende a Gobiernos para el combate contra la delincuencia y el terrorismo, pero la Administración del presidente Enrique Peña Nieto negó estar involucrada en el presunto espionaje.
Entre los afectados están los periodistas Carmen Aristegui, cuyo equipo investigó supuestos conflictos de intereses en la familia presidencial con compras inmobiliarias, y Carlos Loret de Mota, que denunció violaciones de los derechos humanos de fuerzas de seguridad.
«Como parte de la investigación, se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en la que opera este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas de los dispositivos telefónicos», anunció la fiscalía general.
Según informó, también se investigará a los posibles proveedores de tecnología y «se les solicitará informen a qué dependencias federales y estatales y, en su caso, a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipo de intervención».
La Fiscalía general indicó que los denunciantes podrán coadyuvar en la investigación por sí o a través de sus representantes y condenó «enérgicamente» las intervenciones ilegales de comunicaciones.
De acuerdo con la investigación hecha pública, en México cuentan con este software la propia Fiscalía general, el Ministerio de la Defensa Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que es la agencia de inteligencia del Estado.
Periodistas y activistas pidieron que se forme una comisión independiente para dar seguimiento a las investigaciones.
