Washington
DPA
El presidente estadounidense, Donald Trump, se encuentra en una batalla defensiva: por un lado, está el frente abierto de la presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses que investiga el Buró Federal de Investigación (FBI), agravado por las declaraciones en su contra de su exjefe James Comey. Y hoy es el turno del Fiscal General del país, Jeff Sessions, que declarará ante la comisión de los servicios secretos del Senado.
Y en este momento tan poco oportuno se le ha abierto de repente un nuevo escenario de batalla: el estado de Maryland y el distrito de Columbia acaban de llevar a Trump a los tribunales al considerar que existe incompatibilidad entre sus negocios hoteleros con el puesto de Presidente.
Trump viola con ello la Constitución, alegan, y no se ha desprendido de sus negocios inmobiliarios lo suficiente como para no interferir con sus funciones presidenciales. En lugar de depositar todos sus negocios en un denominado «blind trust» o fideicomiso ciego -donde los beneficiarios no tienen conocimiento de las inversiones que se hacen ni derecho a intervenir en la gestión-, el Presidente creó una estructura liderada por sus hijos Eric y Donald Jr. y de la que él sigue pudiendo beneficiarse en segundo plano.
«Los líderes electos deben servir al pueblo y no a sus propios intereses financieros», dijo el fiscal general de Maryland, Brian Frosh. «Este es un irrefutable fundamento de la democracia», destacó. «El presidente Trump ha violado importantes normas de la Constitución estadounidense», alegó su homólogo Karl Racine del distrito de Columbia. «Nadie puede estar por encima de la ley».
En el foco de la controversia se encuentra el hotel de Trump en el corazón de Washington con su famosa torre del reloj, situado justamente en el centro entre el Capitolio y la Casa Blanca y cerca del Obelisco.
El pasado otoño (boreal), días antes de la elección de su fundador como Presidente de Estados Unidos, el hotel se convirtió en un punto de encuentro de poderosos del mundo, sin importar los precios. Que un gin tonic cueste más de 20 dólares indica que el lobby de este hotel no es para cualquier turista, sino para quienes deseen ser conocidos en la escena política de la capital Washington.
Y ese es precisamente el fundamento de los juristas: Trump quita clientes al resto de los hoteles de la ciudad y del vecino estado de Maryland, porque éstos no pueden hacer publicidad con el nombre de un Presidente. Las delegaciones extranjeras anularon sus reservas para festejar en otros hoteles para hacerlo en el de Trump.
Por ejemplo en diciembre la embajada de Bahréin trasladó la fiesta de su día nacional al hall del antiguo edificio de correos de Washington. Y poco después le siguió Kuwait. Y en una fiesta de la embajada de Azerbaiyán fue visto entre otros el embajador ruso Serguei Kisljak, según informa la revista «Time». La persona cuyos contactos con el equipo de Trump están precisamente bajo la lupa del FBI.
El escándalo relacionado con Rusia con todas sus implicaciones, nombres conocidos y estrategias de los servicios secretos es una sola cara de un cocktail más complejo. Con su negocio hotelero, el millonario Trump estaría recaudando unos cientos de miles de dólares adicionales. Además, si un tribunal aceptara ahora la demanda de los Estados, Trump podría verse obligado a publicar sus documentos y declaración fiscal, algo a lo que se ha negado desde hace meses.
En los blogs jurídicos en Estados Unidos los «nerds» se muestran convencidos de que el camino para la destitución de Trump pasa por denunciar sus actividades ilegales e incompatibilidades de sus negocios con su posición.
La cláusula de emolumentos de la Constitución estadounidense es citada continuamente por los críticos de los presidentes para pedir su destitución, al establecer que ningún cargo público del país puede aceptar regalos o cualquier tipo de prebenda de un Estado extranjero sin el consentimiento del Congreso.
En todo el país los juristas están trabajando en busca de opciones legales, ante la presencia de invitados extranjeros en hoteles de Trump. No sólo el hotel de Washington está en el punto de mira, sino también el White House South, la residencia de lujo de Trump en Mar-a-Lago en Florida.
Pero también están las inversiones de Trump en el extranjero, así como los negocios de su hija o su mujer. Más de 1,1 millones de personas han firmado la petición online «Impeach Trump Now», que pide la destitución del mandatario.
El renombrado profesor de Derecho de Harvard Laurence Tribe ve «un continuo flujo de dinero y otras ventajas por parte de fuerza extranjeras» al presidente, según señala en un estudio elaborado con ex asesores del Gobierno de George W. Bush y de Barack Obama. La profesora Kathleen Clark de la Universidad de Washington En San Louis dejó claro en la revista «Time»: «Es un estupendo ejemplo de alguien que quiere utilizar su puesto público para sacar beneficios privados».
