HOUSTON
AP
El gobierno del presidente Donald Trump está por clausurar la alternativa menos restrictiva a la detención de la que disponían los solicitantes de asilo que entraron en forma irregular al país, según pudo saber “The Associated Press”. Los defensores de los inmigrantes consideran la medida un insulto a los migrantes que huyen de la violencia y la pobreza -la mayoría de los participantes son madres centroamericanas y sus hijos- por parte de una Casa Blanca que prefiere deportar y dividir familias a asimilar a los refugiados.
«Es un intento claro de castigar a las madres que tratan de salvar la vida de sus niños mediante la protección de Estados Unidos», dijo Michelle Brane, de la organización no gubernamental Comisión de Mujeres Refugiadas. «Me parece una locura que cierren un programa que tuvo un éxito increíble».
La abrumadora mayoría de los solicitantes de asilo no encerrados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) en centros de detención de familias -unos 70 mil- han sido incluidos en un programa de «supervisión intensiva» a la espera de las audiencias judiciales que decidirán sobre su permanencia o no en el país.
Tres de cada siete personas deben llevar una tobillera de rastreo electrónico. Estas personas, mujeres en su mayoría, se quejan de lastimaduras y de marginación.
El Programa de Manejo de Casos Familiares en proceso de cierre incluía 630 familias al 19 de abril. Este servicio de asesoría funciona en Chicago, Miami, Nueva York, Los Ángeles y Baltimore/Washington, D.C. desde enero de 2016. Los trabajadores sociales ayudan a los participantes a conseguir abogados, orientarse en el complejo sistema de los tribunales inmigratorios, obtener vivienda y atención médica e inscribir a los niños en las escuelas.
Las mujeres que antes habrían sido acogidas en el programa, ahora tienen la perspectiva de llevar tobilleras de rastreo, dijo Lilian Alba, del Instituto Internacional de Los Ángeles, una de las agencias locales que manejan el programa.
Llegará a su fin el 20 de junio, de acuerdo con una carta firmada por Ann M. Schlarb, directiva de GEO Group Inc., una empresa penitenciaria de Boca Raton, Florida que trabaja con ICE.
La carta, fechada el ayer, fue enviada por correo electrónico a los miembros de un grupo asesor y provista a la AP por Brane.
La directora del programa en GEO Group, Mary Loiselle, remitió las preguntas a ICE, pero la agencia no respondió por el momento a los pedidos de declaraciones.
El gobierno tiene otras prioridades en su proyecto de presupuesto 2018. Quiere un aumento de 1,600 millones de dólares para ampliar las instalaciones de detención y deportación y el GEO Group firmó en abril un contrato por 110 millones de dólares con el ICE para abrir un centro de detención de 1,000 camas en Houston.
