ANDREA SOSA CABRIOS / DPA
Ciudad de México- Los periodistas mexicanos empezaron el año peor que si vivieran en Siria o Afganistán: con cuatro colegas asesinados, más que en cualquier otro lugar del mundo. No murieron en el fuego cruzado o en un campo lleno de minas. Fueron por ellos.
A Miroslava Breach la mataron cuando salía de su casa a llevar a un hijo a la escuela. A Cecilio Pineda Birto, cuando esperaba su auto, recostado en una hamaca, en un local de lavado. Maximino Rodríguez acababa de estacionar para hacer compras con su esposa. Ricardo Monlui salía de un restaurante con su familia.
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemoró el 3 de mayo, México volvió a aparecer en informes internacionales como uno de los países más peligrosos para los periodistas. Casi nunca se sanciona a los culpables ni la prensa conoce bien a su enemigo.
«En un frente de guerra, tú sabes que vas con un frente o con el otro frente. Tienes las reglas muy claras de en qué territorio te estás metiendo. En México eso está difuminado», dice a dpa Daniela Pastrana, directora ejecutiva de la red Periodistas de a Pie.
«Nunca tienes claro si fue el narcotráfico o si fue el narco enviado por un político local o quién fue. Y yo no ubico un país que, siendo democracia, tenga periodistas desaparecidos. Nosotros tenemos 24, que hemos podido documentar».
En el ranking de impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) México ocupa el sexto lugar. Reporteros sin Fronteras (RSF) colocó a México entre los peores países en libertad de prensa, en el sitio 147 de un total de 180.
«Las amenazas son muchas, la verdad. Desde el hostigamiento a la prensa hasta lo máximo, que es el asesinato», dice Diego Valor, integrante del Programa de Protección de Defensa para Periodistas de la organización internacional Artículo 19 en México.
«No podemos dar como seguro quién es el que está mandando matar a los periodistas, pero de acuerdo a nuestros registros más del 50 por ciento de las agresiones viene de agentes estatales», señala.
Después del asesinato de Miroslava Breach, de 54 años, corresponsal de los diarios «La Jornada» y «Norte» en Chihuahua, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano viajó a ese estado norteño. Breach escribía de corrupción política, abusos y crimen organizado.
«El compromiso es que habrá resultados pronto, que se dará a conocer quiénes son los responsables, que serán llevados ante la Justicia», aseguró Campa.
En 2006 se creó una fiscalía para delitos contra periodistas, antecedente de la actual Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Además, en 2012 se instituyó un mecanismo de protección, que incluye botones de pánico y cámaras de seguridad para las personas en riesgo.
«En teoría es bueno, pero se hizo sin ningún interés de que funcione», dice Pastrana. «Los mecanismos y los instrumentos se crearon en respuesta a la presión internacional que se generó».
Campa afirmó que se revisará el mecanismo. «Tenemos que trabajar y hacer un esfuerzo todos para garantizar que los periodistas puedan desarrollar su tarea sin cortapisas, con libertad y con seguridad».
De acuerdo con Artículo 19, el nivel de impunidad en México es del 99.75 por ciento en delitos contra periodistas, la mayor parte cometidos en el interior del país. «De 798 averiguaciones previas que inició la Fiscalía especial solamente dos obtuvieron una sentencia condenatoria», afirma Valor.
En ocasiones la Fiscalía, que es del ámbito federal, tarda en intervenir por no tener la certeza de que un asesinato se deba a motivos profesionales y las investigaciones quedan en manos de autoridades locales.
El estado de Veracruz (este) se convirtió en tumba de periodistas en el mandato del exgobernador Javier Duarte (2010-2016). Hubo al menos seis periodistas asesinados y tres desaparecidos, según el CPJ. Duarte ahora está detenido en Guatemala a la espera de ser extraditado, pero por corrupción.
Moisés Sánchez, fundador del periódico «La Unión» de Veracruz, era también taxista. Fue secuestrado en su casa en el municipio de Medellín de Bravo en enero de 2015. Apareció muerto y mutilado.
Desde su medio, una pequeña publicación que salía cuando tenía recursos, denunciaba la falta de servicios públicos y la actividad de grupos criminales. Según las investigaciones, quien dio la orden de matarlo fue el alcalde Omar Cruz. Las dilaciones le permitieron huir.
Con las cámaras de fotos en el suelo y la boca tapada con cinta adhesiva, los periodistas mexicanos hicieron varias protestas para exigir Justicia por la muerte de sus colegas. También se organizaron para investigar ellos mismos o presionar a las autoridades.
El año pasado fue el más violento con al menos nueve periodistas asesinados. Desde 2000 el CPJ tiene documentados al menos 85 casos y otras organizaciones más de 100.
Además del hostigamiento de autoridades y policías, los periodistas sufren la violencia del crimen organizado y se autocensuran. Algunos han sido señalados también de recibir sobornos de esos grupos.
«Hay zonas del norte del país que están muy controladas por el crimen organizado», dice Valor. «Tenemos también conocimiento de que en estados como Tamaulipas muchas de las veces el crimen organizado decide qué información se da a conocer y qué información no se da a conocer».
