SAN JUAN
AP
Los puertorriqueños podrían tener que sufrir duras medidas de austeridad como parte de un plan para resolver la crisis económica que agobia la isla, como el pagar más por el agua, la privatización de entes gubernamentales y el cierre de un banco a cargo del pago de la deuda.
Algunas de estas reformas fueron develadas como parte de un plan fiscal presentado ante la junta de control que administra las finanzas de la isla. Los planes para cuatro agencias fuertemente endeudadas serán modificados en las próximas semanas, aunque fuentes oficiales indicaron que el aumento en las tarifas del agua empezará a cobrarse en enero y que el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico quedará liquidado en el lapso de una década.
La junta aprobó recientemente un plan fiscal global para el gobierno, que incluye varias medidas de austeridad. La entidad sostuvo una reunión en la ciudad de Nueva York para debatir los planes antes del 1 de mayo, cuando deberá anunciar un acuerdo con acreedores para reestructurar parte de su deuda de 70 mil millones de dólares, o tendrá que enfrentar un proceso similar al de una bancarrota.
Después del primero de mayo, el territorio estadounidense ya no tendrá inmunidad ante demandas de acreedores que exigen ser compensados por bonos que compraron del gobierno de Puerto Rico y que les han causado pérdidas multimillonarias. La isla está tratando de salir de una extendida recesión causada en parte por la tendencia de gobiernos anteriores de pedir cuantiosos préstamos a fin de cubrir déficits presupuestarios.
La junta supervisora podría optar por un proceso afín al de una bancarrota y el viernes votó a favor de decidir el tema en una reunión ejecutiva sin necesidad de una asamblea pública. El presidente de la junta, José Carrión, declinó dar más detalles sobre qué podría ocurrir después del primero de mayo.
«Realmente no puedo hablar mucho sobre nuestras deliberaciones», expresó. «Quisiéramos estar en sintonía con el gobierno… Por ahora lo estamos».
Explicó que la junta y funcionarios del gobierno han sostenido por lo menos 30 reuniones con inversionistas en semanas recientes, pero sin que se hayan producido acuerdos.
En su reunión, la junta revisó los planes fiscales para el Banco Gubernamental de Fomento, sobre el que pesa una deuda de casi 5.000 millones de dólares; la empresa de energía eléctrica, sobre la que pesa una deuda de 9.000 millones de dólares; la empresa de servicios de desagüe, con una deuda de 5.000 millones de dólares; y la autoridad de transporte y carreteras, sobre la que pesa una deuda de 7.000 millones de dólares.
