Ciudad de México
POR AGENCIAS/DPA
El Gobierno de México señaló hoy que la deportación de una mexicana con cuatro hijos y de un joven de 23 años desde Estados Unidos constituye una «violación a las normas», porque ninguno representa una amenaza a la seguridad de ese país.
«Por ello, se ha fortalecido el diálogo con las autoridades estadounidenses y se evalúa la posibilidad de recurrir a las instancias jurisdiccionales correspondientes, con el fin de hacer valer el Estado de Derecho», señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Maribel Trujillo, una mujer que vivía en Ohio y madre de cuatro menores con nacionalidad estadounidense, fue deportada el miércoles pese a no contar con antecedentes penales. Un día antes, el «dreamer» mexicano Juan Manuel Montes, que llegó a Estados Unidos a los nueve años, también fue retornado a su país de origen.
La Cancillería mexicana indicó que en el caso de Montes, que había sido beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), ha solicitado a las autoridades estadounidenses realizar una «investigación exhaustiva» para determinar si su deportación fue legal.
El DACA protege a jóvenes indocumentados que llegaron de niños acompañando a sus padres a Estados Unidos. Montes y algunas organizaciones civiles presentaron una demanda a la que la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana dará seguimiento.
En el caso de Trujillo, las autoridades mexicanas señalaron que le brindarán la asistencia necesaria y se mantendrán en contacto con su familia en el país vecino.
La deportación de Montes y Trujillo provocó críticas y malestar entre las organizaciones de defensa de los derechos de migrantes en Estados Unidos, e incluso autoridades, como el gobernador de Ohio, John Kasich, se pronunció en contra de la medida.
Las deportaciones se dan en el marco de los ajustes a las políticas migratorias implementadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que durante su campaña electoral prometió expulsar a 11 millones de inmigrantes indocumentados.
Tras asumir el cargo en enero, Trump cambió las prioridades para las deportaciones, lo que puso como objetivos a cualquier indocumentado y no solo a los que tienen antecedentes penales y son considerados una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
«La Cancillería refrenda su compromiso de seguir trabajando para garantizar el respeto irrestricto de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, entre ellos el respeto al debido proceso, sin importar su condición migratoria», finaliza el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.
