POR DPA
«Autogolpe», «ruptura constitucional», «revés para la democracia»: varios países de América Latina y Estados Unidos reaccionaron hoy enérgicamente a la suspensión de facto del Parlamento de Venezuela, en una nueva escalada de la crisis política en el país sudamericano.
«Lo consideramos un grave revés para la democracia», señaló el Gobierno de Washington, después de que se diera a conocer que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) suspendió todas las funciones de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, tras declararla en desacato. El propio TSJ, afín al chavismo, asumió las funciones del Legislativo.
La Organización de Estados Americanos (OEA), que abarca a todos los países de la región con excepción de Cuba, condenó lo ocurrido. Su secretario general, Luis Almagro, habló de un «autogolpe de Estado».
«Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado», escribió Almagro, que se ha enfrentado en los últimos meses abiertamente al Gobierno socialista de Nicolás Maduro en Venezuela.
El país que dio el paso más drástico fue Perú, cuyo presidente, el liberal Pedro Pablo Kuczynski, ha sido el más crítico con Venezuela en los últimos tiempos. Kuczynski anunció el retiro «de forma definitiva» del embajador peruano en Caracas en su cuenta de Twitter y condenó «la ruptura de la democracia» en el país vecino.
«América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela», escribió.
El Gobierno brasileño, por su parte, repudió lo que calificó como una «clara ruptura del orden constitucional». «El pleno respeto a la independencia de poderes es un elemento esencial de la democracia», señaló el Gobierno conservador de Michel Temer, que había moderado moderado un poco sus críticas a Venezuela en los últimos tiempos.
El país más grande de la región asumió una posición dura frente a la Venezuela chavista tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff a mediados de 2016 y atribuyó hoy la «responsabilidad primaria para invertir el rumbo de la crisis» al Gobierno de Maduro. Las decisiones del Supremo venezolano «alimentan la radicalización política en el país», lamentó Brasilia.
Otros países optaron por un lenguaje más diplomático, pero también aludieron claramente a una crisis institucional en Venezuela. México, la segunda potencia regional latinoamericana, habló tácitamente de una ruptura democrática.
«El Gobierno de México reafirma su disposición a colaborar con el pueblo y el Gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos (…) así como al restablecimiento del orden democrático», señaló el Gobierno de Enrique Peña Nieto en un comunicado.
Argentina expresó una «gran preocupación», apuntando a «la importancia de la plena vigencia en Venezuela del Estado de derecho y de los principios democráticos, entre ellos la separación de poderes y el respeto por la libre expresión de las ideas».
Chile habló de una «alta preocupación» por el «agravamiento de la situación venezolana» y Colombia aludió también a la separación de poderes. «Es clarísimo que necesitamos unos poderes públicos fuertes e independientes para poder fortalecer la democracia», afirmó la ministra de Exteriores, María Ángela Holguín.
La oposición venezolana calificó hoy como «un golpe de Estado» la sentencia del Supremo venezolana, publicada en la noche del miercoles, y habló de una «dictadura».
El conflicto entre el Gobierno de Maduro y la Asamblea Nacional, que busca impulsar la destitución del presidente, venía escalando desde hace tiempo. Maduro ya gobernaba en base a varios decretos extraordinarios desde que la oposición asumió el control del Parlamento tras las elecciones legislativas de 2015.
En Caracas no estaba inicialmente claro si la Asamblea Nacional será cerrada. Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, está sumida desde hace tiempo en una grave crisis política, económica y de desabastecimiento de productos básicos.
