Washington
DPA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la insistencia de México en la hipótesis sobre el caso Ayotzinapa descartada por el grupo de expertos del organismo constituye «una ruptura».
Así lo relataron hoy el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, y varios comisionados en la rueda de prensa con la que se cerraron en Washington las audiencias públicas del 161 período de sesiones.
El caso Ayotzinapa se refiere a la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes en el estado mexicano de Guerrero.
Plagada la investigación de irregularidades, el caso no solo despertó indignación en el país latinoamericano, donde las familias de los jóvenes siguen al día de hoy sin saber qué ocurrió, sino también internacionalmente.
En la audiencia pública sobre el caso Ayotzinapa convocada de oficio por la CIDH el viernes pasado, el Estado mexicano rechazó descartar como línea de investigación la hipótesis de la Procuraduría General de la República que no solo es rechazada por las familias, sino que fue desechada por materialmente imposible por el grupo de expertos de la CIDH que investigó el caso.
«Es una afirmación muy seria y muy grave», dijo hoy el secretario ejecutivo de la CIDH. México se había comprometido a aceptar las conclusiones de los expertos.
Tras una tensa reunión ya en privado el viernes entre el Estado mexicano, las familias de las víctimas y la propia comisión, la CIDH está a la espera de una reacción de las primeras para saber cuál es futuro del mecanismo de seguimiento tripartito.
«Cuando ellos decidan que no quieren más el mecanismo, la CIDH no seguirá implementando el plan de trabajo que ya había sido presentado el año pasado», explicó Abrão. El futuro del mecanismo, en vigor hasta noviembre pero que la comisión quería prolongar, queda así en el aire.
Según la versión que el Estado mexicano bautizó como «verdad histórica», los jóvenes de la escuela para maestros «Raúl Isidro Burgos» fueron perseguidos la noche de su desaparición por policías municipales de la ciudad de Iguala. Tras detenerlos, los entregaron a un grupo criminal que los asesinó e incineró en un basurero del municipio vecino de Cocula.
La «verdad histórica» fue descartada por la investigación del grupo de expertos independientes que la CIDH envió a México a investigar lo sucedido y que abandonó las indagaciones cuando hace casi un año, en abril de 2016, el Estado mexicano se negó a prolongarle el mandato. Entonces se estableció el mecanismo de seguimiento, en el que la CIDH acompaña a familias y Estado.
