Caracas
DPA
La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) responsabilizó hoy al Gobierno de Venezuela por la fosa común encontrada en una cárcel desalojada el año pasado, en la que se han hallado hasta hora restos humanos de 14 personas.
El OVP dijo en una declaración que ha hecho seguimiento al hallazgo de restos humanos en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), en la región central de Guárico, que fue confirmado el jueves pasado por las autoridades.
Indicó que desde el 2009 acompañó la denuncia de familiares de uno de los reclusos, de nombre Francisco Guerrero, quien fue víctima de una desaparición forzada, en un caso que no ha tenido una respuesta adecuada.
Recordó que en noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida provisional que reclamaba al Gobierno que adoptara medidas para determinar su paradero.
Luego la CIDH emitió una resolución en agosto de 2013 en la que criticó al Estado venezolano por no cumplir con las medidas provisionales, a fin de determinar el paradero del interno.
La misma denuncia fue presentada ante el Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura, que en mayo de 2015, exhortó al Estado a iniciar una investigación sobre la desaparición, que juzgue y castigue a los responsables de las violaciones cometidas en el caso y conceda una indemnización a sus familiares.
El OVP afirmó que frente a las resoluciones, el Gobierno adoptó una absoluta indiferencia.
Agregó que desde hace ocho año ha denunciado la desaparición de Guerrero y que con el hallazgo de la fosa común en la PGV queda confirmada esa denuncia.
«Es importante destacar que familiares, algunos medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos veníamos advirtiendo la posibilidad de existencia de fosas comunes en varias cárceles del país, teniendo como respuesta la descalificación de los denunciantes y negando que tal situación se presentase», recalcó.
Agregó que la Fiscalía General debe investigar la responsabilidad que por acción u omisión pudieran tener funcionarios de distinto rango del sector carcelario, de la Guardia Nacional (policía militarizada) en el asesinato y desaparición forzada de reclusos, así como también la que pudiesen tener algunos presos.
El Ministerio Público designó a varios fiscales para que coordinen las investigaciones, a fin de identificar los restos humanos encontrados en la PGV, que fue desalojada en octubre pasado.
