Ciudad de Panamá
DPA
La abogada panameña María Mercedes Riaño, vinculada a la firma Mossack Fonseca y al caso “Lava Jato” investigado en Brasil, compareció al Ministerio Público y fue indagada, confirmó hoy la Fiscalía Segunda Anticorrupción.
Los juristas Marlene Guerra y Elías Solano, defensores de Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora y Edison Teano insistieron en que desconocen el expediente de sus clientes, para ejercer una legítima defensa como lo establece el proceso.
Riaño se desempeñaba como representante de la empresa Mossack Fonseca Do Brasil, otra persona jurídica, a la que supuestamente la firma panameña vendió sociedades anónimas.
La abogada Aura Guerra, quien representa a Riaño, adujo que la defensa técnica de los acusados sigue “en blanco”, para ejercer una labor efectiva y adecuada, debido a que las copias del expediente no les han sido entregadas.
Sobre Riaño pesaba una orden de captura, ya que no había comparecido a las citaciones de la Fiscalía. Hasta este domingo se desconocía su paradero.
Los fiscales brasileños también buscan a Riaño para que responda sobre la creación de sociedades offshore supuestamente vinculadas a pagos de coimas investigadas por los fiscales federales de Brasil asignados al caso “Lava Jato”.
Esos casos están vinculados al escándalo de sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para ganar contratos en 12 países.
En esa investigación es una pieza clave el intervenido banco FPB Bank, en el que habían sido abiertas cuentas de clientes de la firma Mossack Fonseca, antes del estallido del escándalo financiero internacional “Panama Papers”, en abril de 2016.
PROCURADORA PANAMEÑA VIAJARÁ A BRASIL
La procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, realizará una visita oficial a Brasil el 16 y 17 de este mes para reunirse con su homólogo brasileño Rodrigo Janot Monteiro De Barros y fiscales que investigan el caso “Lava Jato”, confirmaron hoy fuentes del Ministerio Público.
Porcell tiene previsto reunirse, además, con los procuradores de Ecuador, Perú, Colombia y Suiza, para acelerar la asistencia judicial en casos de corrupción de alto perfil, en los que se entrelazan el caso “Lava Jato” y los sobornos pagados por la constructora Odebrecht en 12 países, incluido Panamá.
